Bajo una aparente estabilidad subyace un régimen
autoritario cuya tosquedad le resulta cada vez más difícil
disimular
Elecciones en Túnez:
Farsa democrática para encubrir el malestar social
Artículo publicado en Nación Árabe, núm. 42, otoño de 2000
Sadri Khiari y Olfa Lamloum
Politólogos, Universidad de Paris-VIII, Francia
Doce años después del advenimiento de la 'nueva era tunecina, el país ofrece una imagen paradójica: un discurso oficial que pretende ser renovador y modernista y una práctica política inmovilista. Las últimas elecciones han ilustrado de manera llamativa las dificultades para mantener este equilibrio en un contexto en transformación. Las elecciones legislativas y presidenciales celebradas en Túnez el pasado 24 de octubre, fueron presentadas por las autoridades tunecinas como otro avance del proceso político impulsado el 7 de noviembre de 1987, cuando el actual presidente Zine al Abidine Ben Ali desplazó al fundador del moderno estado tunecino, Habib Burguiba. El pluralismo de candidaturas en el escrutinio presidencial, una novedad en el Túnez independiente, confirmaría así la democratización. El mismo discursomantienen por igual los dos competidores del presidente Ben Ali, Belhadj Amor, Secretario General del Partido de Unidad Nacional (PUP) y Abderahman Tlili, el jefe de la Unión Democrática Unionista (UDU), quién subraya particularmente lo 'pedagógico' de esta experiencia.
Mientras que el nuevo rey de Marruecos, Mohamed VI, parece querer emprender la reforma del sistema político que heredó de su padre Hasán II, y Argelia avanza en el camino hacia la paz, el resultado electoral del 99,44% de votos obtenido por Ben Ali obliga a examinar más de cerca la dinámica política en la que se insertan estas elecciones.
Las últimas elecciones rompen efectivamente con el principio de candidatura única en vigor desde la independencia. Esto fue posible gracias a las enmiendas transitorias introducidas en la Ley Electoral. Ésta disponía que todo candidato debía contar con el respaldo de 30 diputados o presidentes de Consejos Municipales. Dado que todos ellos eran miembros del partido del presidente saliente, esta cláusula impedía cualquier competencia. En 1994, el doctor Moncef Marzouki (1) se había topado con esta condición cuando había querido presentar su candidatura. Bloqueando de esta forma el sistema electoral, las autoridades buscaban evitar que un voto de protesta amenazará la hegemonía de la Agrupación Constitucional Democrática (RCD), como fue el caso en 1989 cuando las listas violetas de la corriente islamista obtuvieron, según diferentes estimaciones, entre el 20% y el 30% de los votos. Tras esto las autoridades tunecinas introdujeron una pequeña dosis de proporcionalidad al asegurar [por decreto] la presencia de una cuota de 19 diputados de las demás listas, de los 163 escaños de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto un 20% de los escaños está reservado a diputados no pertenecientes al partido de Ben Ali. Las elecciones de 1994 consagran las nuevas normativas y Ben Ali, candidato único, obtiene, según la cifras oficiales, el 99,91% de los votos. Por otra parte, los electores envían 144 candidatos del RCD al Parlamento, mientras que los pocos partidos autorizados a presentar candidaturas (2) se reparten los 19 escaños restantes. El resultado de estas elecciones no puede comprenderse sin situarlas en el contexto de la repentina desaparición del movimiento islamista y de toda oposición de la esfera política desde finales del año 1990 y el desencanto generalizado que le siguió (3).
Desde luego, estas elecciones permitieron introducir un cierto pluralismo en el seno de la Cámara de Diputados, lo que no hizo desaparecer su carácter simbólico. A la par, rápidamente se tomaron medidas para impedir que la prensa pudiera divulgar posturas no oficiales planteadas en la cámara.
Aunque el régimen de Ben Ali no suprima toda forma de representación pluralista, ésta no constituye evidentemente para él el mejor modo de articulación de intereses y de gestión de conflictos. Las enmiendas transitorias [a la ley electoral] pudieron parecer una activación del principio de representación. Estas enmiendas suspenden provisionalmente la cláusula que obliga al respaldo de 30 diputados pero han sido reemplazadas por la condición de llevar cinco años consecutivos siendo el responsable de un partido con representación parlamentaria. Únicamente Belhadj Amor y Tlili responderían a este y a los otros requisitos impuestos por el código electoral, como el limite de edad en 70 años. Por otra parte, el aumento de escaños a 182 permite aumentar a 34 (4) el número de diputados no-desturianos (5). Esta cifra abre la teórica posibilidad de respaldar posibles candidaturas a las presidenciales del 2004. Ni el desarrollo de la campaña, ni los resultados anunciados han corroborado la hipótesis de la reafirmación del principio de representación. La campaña estuvo marcada por un discurso consensual del que no emergían ni balances ni propuestas alternativas. Los adversarios del presidente Ben Ali reconocían así explícitamente el carácter simbólico de sus candidaturas y subrayaban su acuerdo de fondo con el programa de éste. El mismo unanimismo se expresó durante la campaña de las elecciones legislativas. A pesar de ello, el anuncio de los resultados suscitó algunas decepciones. No por el hecho de la repartición de los escaños en la Cámara de Diputados, que era previsible, sino a causa del resultado del 99,44% de votos que obtuvo el presidente Ben Ali. Demasiado elevado para ser creíble, este resultado puede legítimamente parecer contradictorio con la declarada voluntad de introducir el pluralismo. Queda entonces por explicar una estrategia presidencial cuando menos paradójica: Ben Ali parece querer restaurar la imagen democrática de su régimen sin recurrir, sin embargo, a una legitimidad que no sea plebiscitaria. Para comprender esta antonimia aparente, es necesario situar estas elecciones en su contexto.
El 'milagro' tunecino, cuestionado
Es cierto que cuando Ben Ali llegó al poder tuvo que asumir un país en crisis: crisis financiera, crisis presupuestaria, crisis de la deuda. La pérdida de legitimidad del régimen burguibista, la delicuescencia de las altas esferas del Estado, los progresos de la oposición islamista no favorecieron la puesta en marcha del Programa de Ajuste Estructural firmado en 1986, pero el amplio consenso obtenido por el nuevo presidente, el apoyo firme de las potencias occidentales y una coyuntura económica internacional propicia, dieron cierto impulso a la economía tunecina.
Si nos atenemos a los indicadores económicos más comunes, sin duda los resultados más convincentes son el control de la inflación, que pasó del 9% al 5% entre 1986 y 1996, y del déficit presupuestario, del 5 al 3%. En cuanto a la tasa de crecimiento, las cifras reales son menos alentadoras de lo expresado, si bien Túnez, es cierto, ha conocido picos: el 6,7% en 1987, a precio constante, el 7,8% en 1990 y en 1992. La media anual en el conjunto del periodo indica, en el mejor de los casos, un estancamiento si se compara con el periodo de crisis que precedió la llegada al poder de Ben Ali: el 4% de 1982-1986, 4,2% entre 1987 y 1991 y el 3,5% (6) entre 1992 y 1996. En el año 1998 la tasa de crecimiento del PNB fue del 5%.
Igualmente, se resaltan con frecuencia los logros de la economía tunecina en el campo de la exportación. Al periodo 1987-1990 corresponde un aumento en las exportaciones del 18,7% por año. El sector servicios, sobre todo el turismo, tuvo una importante contribución en esta progresión, hecha posible por la coyuntura internacional y por las medidas de ajuste, pero también por la devaluación del dinar, la reducción de la inflación como consecuencia de la reducción del consumo interno, la disminución del salario real, los múltiples incentivos financieros y las ayudas a la exportación. Sin embargo, esta dinámica alcanzó rápidamente sus límites: el crecimiento de las exportaciones no superó el 2,4% entre 1991 y 1993 y conoció una progresión fluctuante hasta 1997. Esta curva revela una indiscutible fragilidad, que el economista Bedui relaciona primero con el debilitamiento del "efecto competitividad-precio", y después con su doble polarización: concentración alrededor de un reducido número de productos, por una parte, y polarización geográfica por otra, porque la Unión Europea constituye sin duda el principal mercado de Túnez (7).
La aleatoria evolución de las inversiones tampoco incita al optimismo. Después de una tímida reanudación, entre 1989 y 1992, de las inversiones locales, de las que, por otra parte, el sector servicios fue el principal beneficiario, se aprecia un sensible retroceso entre 1993 y 1995, seguido de una nueva progresión el año siguiente. Las inversiones extranjeras en Túnez sufrieron en el mismo periodo cierto debilitamiento, pasando de 565,4 millones dinares tunecinos en 1992, a 365 millones en 1995. Cuando el país deja de ser atractivo para el capital extranjero, la firma del acuerdo sobre la Zona de Libre Cambio (ZLC) entre Túnez y Europa en julio de 1995, que supone el progresivo desmantelamiento de las proyecciones aduaneras, amenaza directamente una parte importante del entramado industrial tunecino, poco competitivo, y pesa sobre los ingresos fiscales del Estado. La ZLC se traduce en el desmantelamiento del dispositivo de protección aduanera, previsto para un periodo de 12 años por el nuevo acuerdo de libre cambio y significaría a medio plazo un cesante de cuatro mil millones de dólares en los presupuestos del Estado.
A semejanza de muchos países que firmaron los programas de Ajuste Estructural, Túnez salió bien de la primera fase que permitía el restablecimiento de los grandes equilibrios macro-económicos (reducción de la inflación, del déficit presupuestario, del servicio de la deuda y el restablecimiento del crecimiento). Sin embargo, la segunda fase de las reformas estructurales, cuya clavija maestra era la liberalización (comercio exterior y sector público), tuvo un desarrollo parcial. Túnez solo ha fomentado tímidamente la privatización. De las 250 empresas públicas a privatizar, sólo 77 lo fueron efectivamente entre 1989 y 1996. El proceso de privatización sólo afecto en un primer momento a las pequeñas y medianas empresas. Los ingresos de estas privatizaciones habrían generado solamente 400 millones de dólares hasta 1998. La cesión de las llamadas empresas estratégicas comenzó en 1998 con la venta de dos importantes cementeras por un valor de 400 millones de dólares americanos. La ZLC supone dar un latigazo al ajuste, acelerando el capítulo de la privatización. Esto solo se podría traducir en el aumento de negativas consecuencias desde el comienzo de los años 80, a saber, el aumento de las desigualdades sociales y el debilitamiento de la función reguladora del Estado.
La beneficencia como política social
El coste social de la liberalización económica es una realidad que se oculta con demasiada frecuencia. Ya que ésta supone la reducción de los gastos presupuestarios del Estado, la bajada del consumo interno, la privatización y la orientación hacia el mercado exterior y los capitales extranjeros, la liberalización impone el control de los salarios, la desregulación del trabajo y el abandono más o menos acelerado de la política social pública. Las autoridades tunecinas, que no han olvidado la huelga general del 26 de enero de 1978 ni la "revuelta del pan" de enero de 1984, son prudentes, pero sin embargo no renuncian a desmantelar los mecanismos de redistribución. Las subvenciones a los productos de primera necesidad han disminuido en más de 2/3 en el consumo familiar entre 1980 y 1996. La gratuidad casi total de servicios sociales como la sanidad y la enseñanza está cuestionada, así como la política social de viviendas. El último informe del PNUD indica un retroceso de Túnez en cuanto a Desarrollo Humano; Túnez ha pasado así del puesto 78 en 1993 al 102 en 1999.
Es cierto que la administración, relevada por el RCD, desarrolla programas de asistencia, se puso en marcha un fondo de solidaridad (el denominado "26/26") financiado por donativos más o menos voluntarios (deducidos en las empresas, las administraciones, las escuelas), se repartieron comidas gratuitas durante el mes de Ramadán, pero la gestión opaca de todas esas operaciones y su objetivo más político que social no puede, en ningún caso, compensar el abandono progresivo del Estado de sus funciones sociales.
Así, el balance de 13 años de ajuste estructural en Túnez, si en lo económico está a medias tintas, parece aún más incierto en cuanto a sus consecuencias sociales. Es precisamente aquí donde las estadísticas oficiales no existen o son poco fiables. A título de ejemplo, las estadísticas oficiales sitúan el aumento anual de los salarios entre el 11 y el 16% entre 1991 y 1996, así las rentas reales habrían conocido un aumento anual del 9 al 13%, algo totalmente improbable para los observadores serios (8) que afirman, por el contrario, que durante este periodo "no hay duda de que ha disminuido el nivel de vida para las categorías de renta baja y que la pobreza continua siendo un verdadero problema para el país" (9). Sin embargo las cifras oficiales, aún reconociendo el aumento de las tasas de desempleo (alrededor del 15% en 1994) (10) y la reducción de las prestaciones sociales, prefieren silenciar el impacto de estas evoluciones en la distribución de las rentas y de los salarios. Subsanar pacientemente esta carencia es una tarea a la vez épica e imposible. La dificultad está a la medida de lo que está en juego. En efecto, todo investigador universitario que desee llevar a cabo una investigación de campo esta obligado a presentar su trabajo, con cuatro meses de antelación, ante un organismo del ministerio de Educación Superior para su aprobación. El proyecto debe indicar el objetivo de la investigación, la talla y el perfil de la muestra, etc. El investigador se arriesga no sólo a recibir una negativa, sino igualmente a recibir la inesperada visita de la policía en su casa. Ni que decir hay que discutir las estadísticas oficiales o proporcionar otras estimaciones no resulta mucho más fácil.
Cerco a la UGT
En estas condiciones se entiende la importancia de la cuestión sindical. La Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT), única organización de masas fuera del partido en el poder en disponer de una autoridad propia, a pesar de sus vínculos burocráticos con el aparato del Estado, no dudó en los años 70 y 80 en movilizar sus tropas para defender algunos logros sociales en el mundo laboral. Un imperativo desde el punto de vista de los objetivos del ajuste estructural era someter a la organización sindical. Este es, sin duda, el mayor éxito del nuevo régimen que aunando represión, maniobras y corrupción, obtuvo sin demasiadas dificultades la fidelidad de una dirección purificada de sus elementos más combativos y relevada en la base por estructuras regionales y sectoriales en su mayor parte domesticadas. El proceso se coronó en el XIX Congreso de la UGTT, a principios de abril de 1999, que estuvo marcado, según muchos sindicalistas, por la manipulación del número de afiliados, designación arbitraria de delegados y múltiples irregularidades al reglamento en la reelección por aclamación del secretario general, Ismail Sahbani. La UGTT, fiel a su gestión de consenso, pide el voto para Ben Ali en las elecciones presidenciales.
La situación de la organización sindical es sintomática de un estado más generalizado de restricciones de las libertades sindicales: antes del 7 de noviembre de 1987, el famoso decreto número 40 prohibía ya las reuniones sindicales en los centros de trabajo, el código del trabajo obligaba a comunicar toda huelga con 10 días de antelación y a la fianza del sindicato convocante. La actual dirección de la UGTT agravó esta situación disponiendo que ningún sindicato puede llevar la iniciativa de una huelga sin el acuerdo del Secretario General de la central. Mientras que se multiplican los despidos de sindicalistas, entre las autoridades y la dirección sindical se establece una estrecha colaboración para la represión de los disidentes. Así, al día siguiente al XIX Congreso, una docena de antiguos responsables de la UGTT fueron puestos en detención preventiva durante 48 horas y amenazados con diligencias judiciales por haber denunciado las condiciones en las que se desarrolló el Congreso y anunciado su intención de presentar un recurso judicial.
Malestar generalizado
La ola de protestas que agitó durante el año académico 1998-1999 el campus universitario es ejemplar. Provocada por la imposición de más requisitos para obtener un empleo en la enseñanza secundaria después de los cuatro años de carrera, la movilización estudiantil alcanzó una amplitud desconocida desde la ola de represión de la primeros años del decenio. Asambleas generales, huelgas, manifestaciones se fueron sucediendo durante semanas hasta que el poder reaccionó brutalmente deteniendo a los principales cabecillas del movimiento, condenándolos a duras penas y liberándolos finalmente. Sin embargo nada hace pensar que la calma se haya restablecido de forma duradera al ser tan profunda la crisis del sistema universitario y educativo en general cuya democratización, iniciada a finales de los años 50 (1958), es a partir de ahora gravemente cuestionada. Lo que preocupa a los estudiantes es la sensible reducción de las perspectivas profesionales a la salida de la universidad. Si el desempleo entre los diplomados no alcanza aún las graves proporciones que tiene en Marruecos (11), constituye ya un problema y todo hace creer que se ampliará rápidamente (12). Mientras se enfrentan a la constante degradación de las condiciones de vida y de estudio, los estudiantes se tropiezan con la presencia directa de la policía en los campus que impide toda actividad sindical independiente.
Los mismos fenómenos están en el origen del malestar en el cuerpo docente. Los recortes presupuestarios se conjugan con la explosión del numero de estudiantes para hacer especialmente penosas las condiciones de trabajo, a la vez que se reducen las contrataciones. En estas circunstancias y después de años de resignación se está desarrollando un amplio movimiento de protesta, que la central sindical intenta neutralizar.
La agitación en la universidad, espacio sensible de la sociedad, señala un descontento generalizado que solo ha comenzado a expresarse. El pueblo sigue teniendo miedo, pero las lenguas se desatan en numerosos medios para criticar la arbitrariedad administrativa y policial, la corrupción o la degradación de las condiciones de vida. El malestar parece haber alcanzado igualmente a los medios financieros y empresariales. Panfletos anónimos circulan denunciando la corrupción o el acaparamiento ilegal de ciertos mercados. Otra muestra del malestar existente es la aparición de escenas de violencia en los estadios deportivos (en primavera se habló de decenas de muertos en la ciudad de Béja, asimismo en Gabes) donde el público ya no duda ya en gritar consignas hostiles al régimen provocando la brutal reacción de la policía. En el otoño pasado, los estudiantes se pusieron en huelga y un motín protagonizado por alumnos de bachillerato y parados, explotó especialmente en Gafsa, al sur del país. Más recientemente un accidente laboral mortal provocó un empuje febril en la ciudad de Kasserine. La reaparición de la disidencia en el seno de la UGTT y el eco que ha encontrado la propuesta para constituir una confederación sindical independiente son hechos reveladores de un nuevo clima en el mundo laboral. Después de una larga travesía por en desierto, el movimiento democrático retoma progresivamente confianza en sí mismo. Las pocas asociaciones independientes la Asociación de Jóvenes Abogados, la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, la Liga Tunecina del Derechos Humanos- toman nuevas iniciativas, creando comités, multiplicando las reivindicaciones. Un grupo de economistas, sindicalistas y demócratas crean la Agrupación por una Alternativa Internacional de Desarrollo (RAID) en contacto con el movimiento ATTAC Internacional. En el extranjero, los tunecinos son cada vez más activos, especialmente en Francia, como lo demuestra el dinamismo del Comité por el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos de Túnez (CRLDHT). Pero la iniciativa más significativa es sin duda la fundación, el 10 de diciembre de 1999, por decenas de intelectuales y conocidos militantes del movimiento democrático y de la izquierda tunecina, del Consejo Nacional de las Libertades en Túnez (CNLT). Su proyecto es la integración de la defensa de los Derechos Humanos dentro de una perspectiva política más global de lucha por un Estado democrático, lo que supone la reorganización del conjunto del sistema político y constitucional tunecino (13).
Disuelto entre 1991y 1992, el movimiento islamista Ennahda, dirigido desde Londres por Rachid Ghanuchi, no parece estar en condiciones de reorganizarse rápidamente pero conserva un potencial de influencia que la represión de la que es objeto contribuye a alimentar.
Consciente probablemente de la nueva situación que se perfila y de la erosión del carácter disuasivo de la represión, preocupado por el desarrollo de Argelia y Marruecos, sensible a la degradación de su imagen en el marco internacional, el poder esta obligado a ser más prudente, a maniobrar, a ejercer presiones indirectas, a retroceder a veces. Las últimas elecciones expresan perfectamente el dilema político en el que se encuentra el régimen del presidente Ben Ali. Este percibe la necesidad de una reorientación de su política, de ahí el pluralismo del que hace alarde, pero no consigue asumir la realidad, porque los resultados obtenidos reducen a nada los objetivos iniciales del escrutinio.
El mismo dilema se transparentaba igualmente al día siguiente de las elecciones. Con ocasión de la conmemoración del 12 aniversario del Cambio, el 7 de noviembre pasado, más de 600 detenidos políticos, condenados por pertenecer al movimiento Ennahda, fueron indultados (14). Ningún anuncio oficial siguió a esta liberación, lo que revela una vez más la ambivalencia política que se sigue. Por otra parte, ningún miembro dirigente de este movimiento fue liberado y más de un millar de islamistas sigue aún en prisión (15).
Existe un fundado temor de que el régimen tunecino no consiga imaginar nuevas formas de articulación social que no sean otras que la violencia y el desarrollo de relaciones clientelares. Esta situación es particularmente inquietante teniendo en cuenta las tensiones que necesariamente engendran la reorganización económica en curso y las repercusiones locales de un contexto regional e internacional en plena mutación.
(Artículo publicado en Politique Africaine, diciembre 1999, con el título "Tunisie: des éleccions en trompe-l´oeil". Traducción de Adela Rodríguez, N.Á.)
Elecciones en Túnez:
Farsa democrática para encubrir el malestar social
Artículo publicado en Nación Árabe, núm. 42, otoño de 2000
Sadri Khiari y Olfa Lamloum
Politólogos, Universidad de Paris-VIII, Francia
Doce años después del advenimiento de la 'nueva era tunecina, el país ofrece una imagen paradójica: un discurso oficial que pretende ser renovador y modernista y una práctica política inmovilista. Las últimas elecciones han ilustrado de manera llamativa las dificultades para mantener este equilibrio en un contexto en transformación. Las elecciones legislativas y presidenciales celebradas en Túnez el pasado 24 de octubre, fueron presentadas por las autoridades tunecinas como otro avance del proceso político impulsado el 7 de noviembre de 1987, cuando el actual presidente Zine al Abidine Ben Ali desplazó al fundador del moderno estado tunecino, Habib Burguiba. El pluralismo de candidaturas en el escrutinio presidencial, una novedad en el Túnez independiente, confirmaría así la democratización. El mismo discursomantienen por igual los dos competidores del presidente Ben Ali, Belhadj Amor, Secretario General del Partido de Unidad Nacional (PUP) y Abderahman Tlili, el jefe de la Unión Democrática Unionista (UDU), quién subraya particularmente lo 'pedagógico' de esta experiencia.
Mientras que el nuevo rey de Marruecos, Mohamed VI, parece querer emprender la reforma del sistema político que heredó de su padre Hasán II, y Argelia avanza en el camino hacia la paz, el resultado electoral del 99,44% de votos obtenido por Ben Ali obliga a examinar más de cerca la dinámica política en la que se insertan estas elecciones.
Las últimas elecciones rompen efectivamente con el principio de candidatura única en vigor desde la independencia. Esto fue posible gracias a las enmiendas transitorias introducidas en la Ley Electoral. Ésta disponía que todo candidato debía contar con el respaldo de 30 diputados o presidentes de Consejos Municipales. Dado que todos ellos eran miembros del partido del presidente saliente, esta cláusula impedía cualquier competencia. En 1994, el doctor Moncef Marzouki (1) se había topado con esta condición cuando había querido presentar su candidatura. Bloqueando de esta forma el sistema electoral, las autoridades buscaban evitar que un voto de protesta amenazará la hegemonía de la Agrupación Constitucional Democrática (RCD), como fue el caso en 1989 cuando las listas violetas de la corriente islamista obtuvieron, según diferentes estimaciones, entre el 20% y el 30% de los votos. Tras esto las autoridades tunecinas introdujeron una pequeña dosis de proporcionalidad al asegurar [por decreto] la presencia de una cuota de 19 diputados de las demás listas, de los 163 escaños de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto un 20% de los escaños está reservado a diputados no pertenecientes al partido de Ben Ali. Las elecciones de 1994 consagran las nuevas normativas y Ben Ali, candidato único, obtiene, según la cifras oficiales, el 99,91% de los votos. Por otra parte, los electores envían 144 candidatos del RCD al Parlamento, mientras que los pocos partidos autorizados a presentar candidaturas (2) se reparten los 19 escaños restantes. El resultado de estas elecciones no puede comprenderse sin situarlas en el contexto de la repentina desaparición del movimiento islamista y de toda oposición de la esfera política desde finales del año 1990 y el desencanto generalizado que le siguió (3).
Desde luego, estas elecciones permitieron introducir un cierto pluralismo en el seno de la Cámara de Diputados, lo que no hizo desaparecer su carácter simbólico. A la par, rápidamente se tomaron medidas para impedir que la prensa pudiera divulgar posturas no oficiales planteadas en la cámara.
Aunque el régimen de Ben Ali no suprima toda forma de representación pluralista, ésta no constituye evidentemente para él el mejor modo de articulación de intereses y de gestión de conflictos. Las enmiendas transitorias [a la ley electoral] pudieron parecer una activación del principio de representación. Estas enmiendas suspenden provisionalmente la cláusula que obliga al respaldo de 30 diputados pero han sido reemplazadas por la condición de llevar cinco años consecutivos siendo el responsable de un partido con representación parlamentaria. Únicamente Belhadj Amor y Tlili responderían a este y a los otros requisitos impuestos por el código electoral, como el limite de edad en 70 años. Por otra parte, el aumento de escaños a 182 permite aumentar a 34 (4) el número de diputados no-desturianos (5). Esta cifra abre la teórica posibilidad de respaldar posibles candidaturas a las presidenciales del 2004. Ni el desarrollo de la campaña, ni los resultados anunciados han corroborado la hipótesis de la reafirmación del principio de representación. La campaña estuvo marcada por un discurso consensual del que no emergían ni balances ni propuestas alternativas. Los adversarios del presidente Ben Ali reconocían así explícitamente el carácter simbólico de sus candidaturas y subrayaban su acuerdo de fondo con el programa de éste. El mismo unanimismo se expresó durante la campaña de las elecciones legislativas. A pesar de ello, el anuncio de los resultados suscitó algunas decepciones. No por el hecho de la repartición de los escaños en la Cámara de Diputados, que era previsible, sino a causa del resultado del 99,44% de votos que obtuvo el presidente Ben Ali. Demasiado elevado para ser creíble, este resultado puede legítimamente parecer contradictorio con la declarada voluntad de introducir el pluralismo. Queda entonces por explicar una estrategia presidencial cuando menos paradójica: Ben Ali parece querer restaurar la imagen democrática de su régimen sin recurrir, sin embargo, a una legitimidad que no sea plebiscitaria. Para comprender esta antonimia aparente, es necesario situar estas elecciones en su contexto.
El 'milagro' tunecino, cuestionado
Es cierto que cuando Ben Ali llegó al poder tuvo que asumir un país en crisis: crisis financiera, crisis presupuestaria, crisis de la deuda. La pérdida de legitimidad del régimen burguibista, la delicuescencia de las altas esferas del Estado, los progresos de la oposición islamista no favorecieron la puesta en marcha del Programa de Ajuste Estructural firmado en 1986, pero el amplio consenso obtenido por el nuevo presidente, el apoyo firme de las potencias occidentales y una coyuntura económica internacional propicia, dieron cierto impulso a la economía tunecina.
Si nos atenemos a los indicadores económicos más comunes, sin duda los resultados más convincentes son el control de la inflación, que pasó del 9% al 5% entre 1986 y 1996, y del déficit presupuestario, del 5 al 3%. En cuanto a la tasa de crecimiento, las cifras reales son menos alentadoras de lo expresado, si bien Túnez, es cierto, ha conocido picos: el 6,7% en 1987, a precio constante, el 7,8% en 1990 y en 1992. La media anual en el conjunto del periodo indica, en el mejor de los casos, un estancamiento si se compara con el periodo de crisis que precedió la llegada al poder de Ben Ali: el 4% de 1982-1986, 4,2% entre 1987 y 1991 y el 3,5% (6) entre 1992 y 1996. En el año 1998 la tasa de crecimiento del PNB fue del 5%.
Igualmente, se resaltan con frecuencia los logros de la economía tunecina en el campo de la exportación. Al periodo 1987-1990 corresponde un aumento en las exportaciones del 18,7% por año. El sector servicios, sobre todo el turismo, tuvo una importante contribución en esta progresión, hecha posible por la coyuntura internacional y por las medidas de ajuste, pero también por la devaluación del dinar, la reducción de la inflación como consecuencia de la reducción del consumo interno, la disminución del salario real, los múltiples incentivos financieros y las ayudas a la exportación. Sin embargo, esta dinámica alcanzó rápidamente sus límites: el crecimiento de las exportaciones no superó el 2,4% entre 1991 y 1993 y conoció una progresión fluctuante hasta 1997. Esta curva revela una indiscutible fragilidad, que el economista Bedui relaciona primero con el debilitamiento del "efecto competitividad-precio", y después con su doble polarización: concentración alrededor de un reducido número de productos, por una parte, y polarización geográfica por otra, porque la Unión Europea constituye sin duda el principal mercado de Túnez (7).
La aleatoria evolución de las inversiones tampoco incita al optimismo. Después de una tímida reanudación, entre 1989 y 1992, de las inversiones locales, de las que, por otra parte, el sector servicios fue el principal beneficiario, se aprecia un sensible retroceso entre 1993 y 1995, seguido de una nueva progresión el año siguiente. Las inversiones extranjeras en Túnez sufrieron en el mismo periodo cierto debilitamiento, pasando de 565,4 millones dinares tunecinos en 1992, a 365 millones en 1995. Cuando el país deja de ser atractivo para el capital extranjero, la firma del acuerdo sobre la Zona de Libre Cambio (ZLC) entre Túnez y Europa en julio de 1995, que supone el progresivo desmantelamiento de las proyecciones aduaneras, amenaza directamente una parte importante del entramado industrial tunecino, poco competitivo, y pesa sobre los ingresos fiscales del Estado. La ZLC se traduce en el desmantelamiento del dispositivo de protección aduanera, previsto para un periodo de 12 años por el nuevo acuerdo de libre cambio y significaría a medio plazo un cesante de cuatro mil millones de dólares en los presupuestos del Estado.
A semejanza de muchos países que firmaron los programas de Ajuste Estructural, Túnez salió bien de la primera fase que permitía el restablecimiento de los grandes equilibrios macro-económicos (reducción de la inflación, del déficit presupuestario, del servicio de la deuda y el restablecimiento del crecimiento). Sin embargo, la segunda fase de las reformas estructurales, cuya clavija maestra era la liberalización (comercio exterior y sector público), tuvo un desarrollo parcial. Túnez solo ha fomentado tímidamente la privatización. De las 250 empresas públicas a privatizar, sólo 77 lo fueron efectivamente entre 1989 y 1996. El proceso de privatización sólo afecto en un primer momento a las pequeñas y medianas empresas. Los ingresos de estas privatizaciones habrían generado solamente 400 millones de dólares hasta 1998. La cesión de las llamadas empresas estratégicas comenzó en 1998 con la venta de dos importantes cementeras por un valor de 400 millones de dólares americanos. La ZLC supone dar un latigazo al ajuste, acelerando el capítulo de la privatización. Esto solo se podría traducir en el aumento de negativas consecuencias desde el comienzo de los años 80, a saber, el aumento de las desigualdades sociales y el debilitamiento de la función reguladora del Estado.
La beneficencia como política social
El coste social de la liberalización económica es una realidad que se oculta con demasiada frecuencia. Ya que ésta supone la reducción de los gastos presupuestarios del Estado, la bajada del consumo interno, la privatización y la orientación hacia el mercado exterior y los capitales extranjeros, la liberalización impone el control de los salarios, la desregulación del trabajo y el abandono más o menos acelerado de la política social pública. Las autoridades tunecinas, que no han olvidado la huelga general del 26 de enero de 1978 ni la "revuelta del pan" de enero de 1984, son prudentes, pero sin embargo no renuncian a desmantelar los mecanismos de redistribución. Las subvenciones a los productos de primera necesidad han disminuido en más de 2/3 en el consumo familiar entre 1980 y 1996. La gratuidad casi total de servicios sociales como la sanidad y la enseñanza está cuestionada, así como la política social de viviendas. El último informe del PNUD indica un retroceso de Túnez en cuanto a Desarrollo Humano; Túnez ha pasado así del puesto 78 en 1993 al 102 en 1999.
Es cierto que la administración, relevada por el RCD, desarrolla programas de asistencia, se puso en marcha un fondo de solidaridad (el denominado "26/26") financiado por donativos más o menos voluntarios (deducidos en las empresas, las administraciones, las escuelas), se repartieron comidas gratuitas durante el mes de Ramadán, pero la gestión opaca de todas esas operaciones y su objetivo más político que social no puede, en ningún caso, compensar el abandono progresivo del Estado de sus funciones sociales.
Así, el balance de 13 años de ajuste estructural en Túnez, si en lo económico está a medias tintas, parece aún más incierto en cuanto a sus consecuencias sociales. Es precisamente aquí donde las estadísticas oficiales no existen o son poco fiables. A título de ejemplo, las estadísticas oficiales sitúan el aumento anual de los salarios entre el 11 y el 16% entre 1991 y 1996, así las rentas reales habrían conocido un aumento anual del 9 al 13%, algo totalmente improbable para los observadores serios (8) que afirman, por el contrario, que durante este periodo "no hay duda de que ha disminuido el nivel de vida para las categorías de renta baja y que la pobreza continua siendo un verdadero problema para el país" (9). Sin embargo las cifras oficiales, aún reconociendo el aumento de las tasas de desempleo (alrededor del 15% en 1994) (10) y la reducción de las prestaciones sociales, prefieren silenciar el impacto de estas evoluciones en la distribución de las rentas y de los salarios. Subsanar pacientemente esta carencia es una tarea a la vez épica e imposible. La dificultad está a la medida de lo que está en juego. En efecto, todo investigador universitario que desee llevar a cabo una investigación de campo esta obligado a presentar su trabajo, con cuatro meses de antelación, ante un organismo del ministerio de Educación Superior para su aprobación. El proyecto debe indicar el objetivo de la investigación, la talla y el perfil de la muestra, etc. El investigador se arriesga no sólo a recibir una negativa, sino igualmente a recibir la inesperada visita de la policía en su casa. Ni que decir hay que discutir las estadísticas oficiales o proporcionar otras estimaciones no resulta mucho más fácil.
Cerco a la UGT
En estas condiciones se entiende la importancia de la cuestión sindical. La Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT), única organización de masas fuera del partido en el poder en disponer de una autoridad propia, a pesar de sus vínculos burocráticos con el aparato del Estado, no dudó en los años 70 y 80 en movilizar sus tropas para defender algunos logros sociales en el mundo laboral. Un imperativo desde el punto de vista de los objetivos del ajuste estructural era someter a la organización sindical. Este es, sin duda, el mayor éxito del nuevo régimen que aunando represión, maniobras y corrupción, obtuvo sin demasiadas dificultades la fidelidad de una dirección purificada de sus elementos más combativos y relevada en la base por estructuras regionales y sectoriales en su mayor parte domesticadas. El proceso se coronó en el XIX Congreso de la UGTT, a principios de abril de 1999, que estuvo marcado, según muchos sindicalistas, por la manipulación del número de afiliados, designación arbitraria de delegados y múltiples irregularidades al reglamento en la reelección por aclamación del secretario general, Ismail Sahbani. La UGTT, fiel a su gestión de consenso, pide el voto para Ben Ali en las elecciones presidenciales.
La situación de la organización sindical es sintomática de un estado más generalizado de restricciones de las libertades sindicales: antes del 7 de noviembre de 1987, el famoso decreto número 40 prohibía ya las reuniones sindicales en los centros de trabajo, el código del trabajo obligaba a comunicar toda huelga con 10 días de antelación y a la fianza del sindicato convocante. La actual dirección de la UGTT agravó esta situación disponiendo que ningún sindicato puede llevar la iniciativa de una huelga sin el acuerdo del Secretario General de la central. Mientras que se multiplican los despidos de sindicalistas, entre las autoridades y la dirección sindical se establece una estrecha colaboración para la represión de los disidentes. Así, al día siguiente al XIX Congreso, una docena de antiguos responsables de la UGTT fueron puestos en detención preventiva durante 48 horas y amenazados con diligencias judiciales por haber denunciado las condiciones en las que se desarrolló el Congreso y anunciado su intención de presentar un recurso judicial.
Malestar generalizado
La ola de protestas que agitó durante el año académico 1998-1999 el campus universitario es ejemplar. Provocada por la imposición de más requisitos para obtener un empleo en la enseñanza secundaria después de los cuatro años de carrera, la movilización estudiantil alcanzó una amplitud desconocida desde la ola de represión de la primeros años del decenio. Asambleas generales, huelgas, manifestaciones se fueron sucediendo durante semanas hasta que el poder reaccionó brutalmente deteniendo a los principales cabecillas del movimiento, condenándolos a duras penas y liberándolos finalmente. Sin embargo nada hace pensar que la calma se haya restablecido de forma duradera al ser tan profunda la crisis del sistema universitario y educativo en general cuya democratización, iniciada a finales de los años 50 (1958), es a partir de ahora gravemente cuestionada. Lo que preocupa a los estudiantes es la sensible reducción de las perspectivas profesionales a la salida de la universidad. Si el desempleo entre los diplomados no alcanza aún las graves proporciones que tiene en Marruecos (11), constituye ya un problema y todo hace creer que se ampliará rápidamente (12). Mientras se enfrentan a la constante degradación de las condiciones de vida y de estudio, los estudiantes se tropiezan con la presencia directa de la policía en los campus que impide toda actividad sindical independiente.
Los mismos fenómenos están en el origen del malestar en el cuerpo docente. Los recortes presupuestarios se conjugan con la explosión del numero de estudiantes para hacer especialmente penosas las condiciones de trabajo, a la vez que se reducen las contrataciones. En estas circunstancias y después de años de resignación se está desarrollando un amplio movimiento de protesta, que la central sindical intenta neutralizar.
La agitación en la universidad, espacio sensible de la sociedad, señala un descontento generalizado que solo ha comenzado a expresarse. El pueblo sigue teniendo miedo, pero las lenguas se desatan en numerosos medios para criticar la arbitrariedad administrativa y policial, la corrupción o la degradación de las condiciones de vida. El malestar parece haber alcanzado igualmente a los medios financieros y empresariales. Panfletos anónimos circulan denunciando la corrupción o el acaparamiento ilegal de ciertos mercados. Otra muestra del malestar existente es la aparición de escenas de violencia en los estadios deportivos (en primavera se habló de decenas de muertos en la ciudad de Béja, asimismo en Gabes) donde el público ya no duda ya en gritar consignas hostiles al régimen provocando la brutal reacción de la policía. En el otoño pasado, los estudiantes se pusieron en huelga y un motín protagonizado por alumnos de bachillerato y parados, explotó especialmente en Gafsa, al sur del país. Más recientemente un accidente laboral mortal provocó un empuje febril en la ciudad de Kasserine. La reaparición de la disidencia en el seno de la UGTT y el eco que ha encontrado la propuesta para constituir una confederación sindical independiente son hechos reveladores de un nuevo clima en el mundo laboral. Después de una larga travesía por en desierto, el movimiento democrático retoma progresivamente confianza en sí mismo. Las pocas asociaciones independientes la Asociación de Jóvenes Abogados, la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, la Liga Tunecina del Derechos Humanos- toman nuevas iniciativas, creando comités, multiplicando las reivindicaciones. Un grupo de economistas, sindicalistas y demócratas crean la Agrupación por una Alternativa Internacional de Desarrollo (RAID) en contacto con el movimiento ATTAC Internacional. En el extranjero, los tunecinos son cada vez más activos, especialmente en Francia, como lo demuestra el dinamismo del Comité por el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos de Túnez (CRLDHT). Pero la iniciativa más significativa es sin duda la fundación, el 10 de diciembre de 1999, por decenas de intelectuales y conocidos militantes del movimiento democrático y de la izquierda tunecina, del Consejo Nacional de las Libertades en Túnez (CNLT). Su proyecto es la integración de la defensa de los Derechos Humanos dentro de una perspectiva política más global de lucha por un Estado democrático, lo que supone la reorganización del conjunto del sistema político y constitucional tunecino (13).
Disuelto entre 1991y 1992, el movimiento islamista Ennahda, dirigido desde Londres por Rachid Ghanuchi, no parece estar en condiciones de reorganizarse rápidamente pero conserva un potencial de influencia que la represión de la que es objeto contribuye a alimentar.
Consciente probablemente de la nueva situación que se perfila y de la erosión del carácter disuasivo de la represión, preocupado por el desarrollo de Argelia y Marruecos, sensible a la degradación de su imagen en el marco internacional, el poder esta obligado a ser más prudente, a maniobrar, a ejercer presiones indirectas, a retroceder a veces. Las últimas elecciones expresan perfectamente el dilema político en el que se encuentra el régimen del presidente Ben Ali. Este percibe la necesidad de una reorientación de su política, de ahí el pluralismo del que hace alarde, pero no consigue asumir la realidad, porque los resultados obtenidos reducen a nada los objetivos iniciales del escrutinio.
El mismo dilema se transparentaba igualmente al día siguiente de las elecciones. Con ocasión de la conmemoración del 12 aniversario del Cambio, el 7 de noviembre pasado, más de 600 detenidos políticos, condenados por pertenecer al movimiento Ennahda, fueron indultados (14). Ningún anuncio oficial siguió a esta liberación, lo que revela una vez más la ambivalencia política que se sigue. Por otra parte, ningún miembro dirigente de este movimiento fue liberado y más de un millar de islamistas sigue aún en prisión (15).
Existe un fundado temor de que el régimen tunecino no consiga imaginar nuevas formas de articulación social que no sean otras que la violencia y el desarrollo de relaciones clientelares. Esta situación es particularmente inquietante teniendo en cuenta las tensiones que necesariamente engendran la reorganización económica en curso y las repercusiones locales de un contexto regional e internacional en plena mutación.
(Artículo publicado en Politique Africaine, diciembre 1999, con el título "Tunisie: des éleccions en trompe-l´oeil". Traducción de Adela Rodríguez, N.Á.)
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