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Dos noticias importantes
EN QUÉ CONSISTE EL PACTO ENTRE LAS FARC Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA QUE LOS DEJA A UN PASO DE LA PAZ
Natalio Cosoy
BBC Mundo, Bogotá (@nataliocosoy)
24 septiembre 2015
La foto es elocuente: el presidente de Colombia Juan Manuel Santos le da la mano al máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko".
Fue tomada este miércoles en La Habana, bajo la mirada auspiciosa del presidente cubano Raúl Castro.
Así ocurrió: Colombia y las FARC le ponen fecha al acuerdo de paz
Santos anunció allí, en su primera aparición en la ciudad en la que se llevan a cabo las negociaciones de paz desde 2012, que consensuaron alcanzar un acuerdo final no más tarde del 23 de marzo de 2016.
"No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar", dijo. "Pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo".
"Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia", señaló por su parte Timochenko.
BBC Mundo le presenta las claves del acuerdo.
Qué se acordó
Antes de anunciar el acuerdo, en un comunicado conjunto, las partes informaron que habían conseguido establecer un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno que lleva más de 50 años y ha dejado más de 220.000 muertos y más de siete millones de afectados.
Timochenko dijo estar optimista por la cercanía de una paz definitiva.
Se trata de lo que han denominado "Jurisdicción Especial para la Paz".
Por ella pasarán tanto miembros de las FARC como de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios que deban responder por acciones cometidas durante el conflicto.
Se concentrará en especial en los crímenes más extremos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores.
Su función será "obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones".
Qué penas habrá para los culpables
Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma temprana, aquellos que lo hagan de forma tardía y aquellos que se nieguen a hacerlo.
Los primeros accederán a penas de cinco a ocho años "de restricción de la libertad" y deberán cumplir labores de reparación y resocialización.
Los segundos pagarán entre cinco y ocho años de cárcel.
"Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil", dijo Santos.
Los que se encuentren en el último grupo serán sentenciados, si son hallados culpables, a hasta 20 años de cárcel.
¿Qué quiere decir "restricción de la libertad" en el caso de aquellos que confiesen en forma temprana?
Que mientras cumplan con sus labores de reparación y resocialización, que tendrán lugar en la zona donde hayan cometido sus crímenes deberán estar ahí.
Pero "por la noche no estarán encerrados en una cárcel", le explicó a BBC Mundo Enrique Santiago, abogado español que asesora a las FARC.
El tipo de actividades de reparación pueden ser "un programa de desarrollo agrícola, o de quitar minas, o de construcción de escuelas", indicó.
Aunque no todos están de acuerdo con esta aproximación.
"Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias", dijo, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, uno de los más fieros críticos de las negociaciones con las FARC.
"Es difícil imaginar que ésta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional", dijo por su parte el director ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
Quién pondrá y supervisará las sanciones
Se prevé que haya un monitoreo internacional para verificar el cumplimiento de todas las sanciones.
Además, según el comunicado que se leyó en La Habana, "el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos".
Quienes sí sean sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz serán indagados y procesados por un total de 35 jueces, divididos en siete salas y tribunales.
Enrique Santiago le dijo a BBC Mundo que estima que el 80% de esos jueces serán colombianos y el resto extranjeros, y que serán elegidos por una comisión de selección acordada entre las partes.
Qué viene ahora
"No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso", dijo Francisco el pasado fin de semana en La Habana.
El apartado de justicia era uno de los más contenciosos de la agenda de negociaciones entre el gobierno y las FARC.
Ahora faltan consensuar puntos sobre cómo será el proceso de dejación de armas y cómo se garantizará la seguridad de los guerrilleros una vez que se desarmen.
Finalmente, restará pasar por las instancias de refrendación, implementación y verificación.
Santos dijo en La Habana: "La última palabra la tienen los colombianos: serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo".
También señaló que se acordó que las FARC comenzarán a dejar las armas no más de 60 días después de firmado un acuerdo final.
"Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil", aclaró.
Los 10 puntos
Este es un resumen de los diez puntos del anuncio:
El gobierno de Colombia y las FARC reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha en materia de desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas.
Reafirman su compromiso "con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera".
Acuerdan la creación de una "Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz", integrados principalmente por magistrados colombianos, con una participación minoritaria de extranjeros.
Tras el fin de las hostilidades, el Estado colombiano "otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos". Quedarán fuera de la amnistía "los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual", que serán "objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz".
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre todos los que "de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno". Eso incluye a las FARC, agentes del Estado y civiles.
A quienes reconozcan verdad y responsabilidad "se les impondrá una sentencia". Los que no lo hagan o lo hagan tardíamente, "enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal".
Para quienes reconozcan responsabilidades "por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas". En el caso de quienes reconozcan delitos muy graves habrá una sentencia de entre cinco y ocho años de "restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales". Los que lo hagan en forma tardía "serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias". Y quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y sean hallados culpables serán condenados a hasta 20 años de prisión, en condiciones ordinarias.
"Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición".
"En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final".
"La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden".
BBC Mundo
24 septiembre 2015
DOS
CORTE DE LA HAYA SE DECLARA COMPETENTE PARA TRATAR DISPUTA DE CHILE CON BOLIVIA
BBC Mundo
Así eran las fronteras de Bolivia y Chile
antes de la Guerra del Pacífico. (Foto: Wikipedia)
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, se pronunció, por 14 votos a 2, a favor de rechazar la objeción presentada por Chile sobre la competencia de la corte en la disputa por el acceso al mar de Bolivia.
En una declaración leída por el presidente de la Corte, Ronny Abraham, la CIJ aseguró que el objeto del diferendo es saber si Chile tiene la obligación de negociar en buena fe el acceso de Bolivia al Pacífico, y en tal caso, si Chile la ha incumplido o no.
En la Plaza Murillo, de La Paz, estallaron las celebraciones al conocerse que la Corte se había declarado competente para conocer la demanda boliviana.
"La declaración de La Haya se interpreta, tanto en las calles de La Paz como en las de Santiago, como un triunfo inicial para Bolivia, que pedía que la Corte reconociera su derecho a negociar un acceso al mar con Chile", explicó el corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes.
"La contundencia de la votación en contra de la objeción chilena sorprendió a los analistas de este país, aunque la verdadera cuestión de fondo se analizará en la Corte más adelante", recordó el periodista.
Entre los escenarios posibles estaba que la Corte aceptara lo que alegaba Chile: que Bolivia estaba pidiendo erosionar un tratado existente y por tanto no correspondía discutir este asunto en la CIJ.
También existía la posibilidad de que la CIJ dijera que necesitaba tener más antecedentes y no se pronunciara todavía sobre su jurisdicción.
"Hicimos lo correcto"
La declaración fue seguida con atención en ambos países. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet la esperó desde el palacio de La Moneda.
"Estamos convencidos de que hicimos lo correcto al presentar esta objeción preliminar", dijo la presidenta chilena, Michelle Bachelet, tras la lectura de la declaración.
"Este pronunciamiento de la Corte no afecta en nada nuestro territorio. Bolivia no ha ganado nada", aseguró.
En Bolivia, que en los últimos meses había intensificado su propaganda y ha hecho de la salida al mar una causa nacional, se engalanaron edificios públicos aguardando un pronunciamiento favorable a su pedido.
Evo Morales dijo por su parte que éste "es un día histórico, será inolvidable para los bolivianos, es importante para volver al Océano Pacífico".
"El fallo de esta mañana da esperanza a Bolivia", aseguró.
"Esta injusticia no ha sido provocada por el pueblo chileno, sino por poderes oligárquicos", añadió Morales.
Décadas de disputa
Bolivianos y chilenos llevan más de cien años debatiendo sobre un acceso al océano que Bolivia perdió a manos de su vecino en la Guerra del Pacífico de 1879.
Después de la derrota militar que convirtió al país andino en el único de América del Sur, además de Paraguay, que no tiene salida al mar, se han sucedido las batallas entre ambos estados en los tribunales, en las cancillerías y en los medios de comunicación.
Tras años de infructuosos diálogos diplomáticos, en abril de 2013 el presidente Evo Morales presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
El gobierno de Michelle Bachelet impugnó la competencia de ese tribunal, que ahora decidió que sí es competente para conocer el reclamo boliviano.
Redacción
BBC Mundo
24 septiembre 2015
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COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
26 de septiembre de 2015
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