El orden del caos
marcha por el agua
Minería: en cualquier parte. Concesiones: como pan caliente. Estudios de impacto ambiental: saludos a la bandera. Lotes petroleros: con derrame incluido. Territorio: abonado para faenones. Después de dos décadas de desenfreno, la pregunta es: ¿Un ordenamiento territorial es posible?
El Ministerio de Energía y Minas ha dividido al país en cuadrículas y las ha repartido sin escrúpulo ni remordimiento, a cualquier postor, previo pago suculento. Como dicen los andahuaylinos: "Hasta la tumba de Arguedas está concesionada".
En la Amazonía se han otorgado concesiones que se superponen: un lote petrolero puede ser una concesión forestal, un área destinada al ecoturismo y estar dentro de un área de protección estricta, como si sufriera un trastorno de identidad disociativo. Las autoridades regionales y las comunidades afectadas son las últimas en enterarse: solo lo hacen cuando ven entrar las maquinarias a sus tierras y a unos extraños con un contrato bajo el brazo. El derecho de concesión se publica en un rincón perdido en El Peruano. Hay provincias que tienen el 90% de su territorio concesionado, lo que no significa que el proyecto minero o de hidrocarburos se vaya a ejecutar. Solo el 1% del territorio es explotado actualmente. Pero el malestar se ha instalado en el ambiente.
En los últimos años han aterrizado en el bosque empresas de todo tipo. El secretario técnico del Sistema de Áreas Protegidas, Carlos Soria, sostiene que en algunos casos se puede hablar de especulación económica: "Vienen empresas pequeñitas que recién están comenzando y ponen 150 millones de dólares. Consiguen el yacimiento, pero no tienen los fondos para comenzar la operación y luego se van a conseguir capitales afuera. El lote se convierte en un valor real en el mercado". Se han firmado contratos con empresas de muy mala reputación ambiental, como es el caso de algunas asiáticas. Las grandes empresas de hidrocarburos que están en exploración avanzada, como Plus Petrol, no garantizan necesariamente un buen estándar ambiental. La contaminación del río Corrientes será su eterno karma.
La idea de que en los páramos andinos se hace minería donde hay mineral corresponde a la era Paleozoica, y es previa a la preocupación por el cambio climático y a los conflictos globales generados por la expansión compulsivo-invasiva de la minería en el mundo desde hace veinte años. Los dueños del negocio saben que, en unos cuarenta años, la explotación minera en ecosistemas frágiles o que comprometan recursos escasos como el agua se considerará un atentado contra la humanidad.
El impacto que supone la minería en las cuencas altas, varía. En la sierra norte, los inmensos páramos cubiertos de ichu son esponjas de agua. Según el experto en hidrología de cuencas Luis Acosta, esos suelos retienen mucha agua que después alimenta los ríos en las épocas secas. "Todos los casos no son iguales. En Conga, la población depende del agua de la cuenca. En cambio en el proyecto Las Bambas, ubicado en Apurímac, no hay un poblado grande cercano que sea afectado", precisa.
Las tecnologías tampoco son iguales. El tajo abierto implica una actividad a gran escala, más traumática y agresiva. El caso de Cerro de Pasco es dramático. Desde la época colonial fue un asiento minero, y hasta los años 1950 la ciudad vivía encima del socavón y la convivencia era tolerable. Pocos años después se le cercena con el tajo abierto para extraer cobre y, como en el cuento Casa tomada de Cortázar, los afectados se vieron obligados a desplazarse hacia la zona de San Juan Pampa, hasta que el tajo devoró esa área también, y ya no queda más que reubicar toda la ciudad con carácter de urgencia.
En Chile, por ejemplo, los grandes proyectos mineros están en zonas desérticas, sin poblaciones cercanas.
No es el caso peruano, pero, como explicó el experto, no todos los proyectos son dinamita pura. Unas horas antes de retirarse del Ministerio del Ambiente, después de haber renunciado al Viceministerio de Gestión Ambiental, José de Echave enumera algunos que no hacen olas: "Pronto entrará en producción Las Bambas, que supone una inversión de más de cuatro mil millones de dólares. Está Toro Mocho en Yauli. Es un proyecto grande de un poco más de dos mil millones que es conflictivo porque se está reubicando a la gente de Morococha, pero se está tratando bien". Otro proyecto que controla su turbulencia es el de Antapacay, al costado de Tintaya. Para evitar mayores impactos, los desechos de esa mina se colocarán en el tajo abierto de Tintaya.
El paquete
Los especialistas plantean un conjunto de medidas para evitar más Congas. Para Carlos Monge, de Revenue Watch Institute, el paquete es un trío compuesto por la ley de consulta previa y su reglamento, una megaestrategia de zonificación territorial y un robusto Ministerio del Ambiente. "Humala comete un error estratégico: primero negocia la gran contribución de tres millones de soles, que no era tal, en vez de anunciar un shock legislativo que norme las zonificaciones, las leyes de los diferentes sectores, un súper ministerio, y recién después sentarse a negociar. Se amarran desde el saque", sostiene Monge. Ahora resulta obvio que no se trató de una contribución generosa de los mineros, sino de un toma y daca.
El ordenamiento territorial, término tan en boga últimamente, es una pieza indispensable para parar el aluvión social y un instrumento clave para la protección del ambiente. Es una política de Estado que se incorpora a la normativa nacional en la década de 1990. Se supone que la mayoría de los departamentos ha avanzado en su zonificación ecológico-económica, pero ésta es letra muerta a juzgar por los reiterados inadecuados usos del territorio. El caso más insólito es el de Madre de Dios, una de las primeras regiones donde el gobierno regional efectuó un ordenamiento territorial, con participación de las autoridades y de las organizaciones indígenas. Desafortunadamente, en el 2002 asumió la presidencia regional Rafael Pihuicho Ríos, el cuestionado representante de la Federación de Pequeños Extractores Forestales, de quien se dijo que era el agente político de los madereros y mineros. Ríos autorizó la tala de los castañales para construir puentes de madera que permitieran el ingreso a las zonas que hoy han sido deforestadas y 'arenizadas' por la minería informal, cometiendo un 'ecosidio'. Una de las primeras medidas del nuevo Presidente Regional fue desestimar el ordenamiento, con las consabidas y fatales consecuencias.
En cambio, la provincia Datem del Marañón, en Loreto, se curó en salud. Fue radical al introducir en su zonificación el concepto de territorio indígena inalienable, inembargable e imprescriptible. Por lo tanto, el 80% de esa provincia es intocable.
Otro caso que se ha convertido en un verdadero triunfo de la conservación ambiental es el del Cerro Escalera, ubicado en un área de conservación regional de bosques nubosos, habitado por especies en peligro, muy cerca de Tarapoto. Como suele suceder, los límites de esa zona protegida se superpusieron a la de una concesión minera: el lote 103. El gobierno regional reacciona y emite, en el año 2007, la ordenanza 025 y lleva la pelea al Tribunal Constitucional, que declara fundada la acción de amparo contra las actividades de las empresas Occidental Petrolera, Talismán, Repsol y Petrobras "por afectar una zona donde nacen importantes cuencas hidrográficas de las que dependen más de 180 mil personas". ¡Histórico!
La zonificación determina cuál es la vocación del terreno y se le dan valoraciones. Según Javier Torres, de Servicios Educativos Rurales (SER): "Después del proceso técnico viene el proceso político, en el que se tiene que decidir si la zona será de reserva, agrícola o minera. En esta decisión deben participar los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No está establecido el procedimiento".
Para saber cómo actuar, se necesita una ley de ordenamiento territorial. El responsable de elaborar la propuesta es el Ministerio del Ambiente, pero la tarea fue congelada por la gestión Brack y ha sido retomada por el actual Ministerio, que ha agachado la cabeza y perdido autonomía y un poco de dignidad.
Para Carlos Monge, "esta propuesta de ordenamiento supone que algunos proyectos mineros deben suspenderse y que, por lo tanto, no van a entrar los 46 millones de inversión, que no va la cartera de treinta megaproyectos y que debe haber una diversificación de las fuentes de renta". Sin embargo, fue una promesa del presidente Humala en su discurso inaugural que volvió a repetir ante las Naciones Unidas en Nueva York. (¿Se convertirá en otra omisión de "La Gran Transformación"?)
Dejando de lado el escepticismo: si el ordenamiento empieza a funcionar como debe, va a generar un cruce y muchos encontronazos. Hasta el momento, si existe un estudio de impacto ambiental aprobado, el proyecto va, así el ordenamiento territorial diga lo contrario. Resulta abrumador y sospechoso el peso que se les otorga a los poco confiables estudios de impacto ambiental, pagados por las propias empresas y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, que ha funcionado como lugartenientes de la Sociedad de Minería.
Historia de un ordenamiento
Hace veinte años, Cajamarca era un departamento tranquilo, con una campiña idílica y un sector rural muy pobre que no ha revertido sus condiciones de vida. El paisaje cambió radicalmente con la llegada de Yanacocha y de la actividad minera, que antes era despiadada solo en la provincia de Hualgayoc. La zozobra es un sentimiento nuevo que invade a los pobladores que temen por sus ríos y lagunas.
Como dice De Echave, "en Cajamarca hay un estrés por la minería". Cuenta la anécdota de una campesina que se acercó donde un funcionario de Yanacocha y le dijo: "Ingeniero, usted dice que la nueva agua que nos están dando es buena, pero mi vaquita no la quiere tomar".
Las autoridades regionales se demoraron en reaccionar, pero lo hicieron a mediados del 2009: convocaron a la sociedad civil organizada y a los sectores público y privado para construir una visión de desarrollo que se plasmara en un plan de ordenamiento territorial. El proceso tomó tres años. Javier Torres, del SER, fue uno de los convocados: "El que impulsó la zonificación económico-ecológica fue el anterior presidente regional, José Coronel, quien tuvo una gestión cuestionada. Fue un proceso participativo que recogió la opinión de los campesinos. Contó con el apoyo de la cooperación alemana y de ONG como GRUFIDES, ligada a Marco Arana. En un inicio las mineras no participaron. Recién, luego de dos años, se incorpora el Grupo Norte".
Pero la pataleta de los mineros y de la Cámara de Comercio no se hizo esperar. En la fase de validación y aprobación de la propuesta se hicieron a un lado y solicitaron al nuevo presidente regional, Gregorio Santos, que suspendiera el proceso. "Frente a esto, Brack tomó partido por las empresas y declaró frente a los periodistas que la zonificación estaba mal hecha, que había observaciones con respecto al cambio climático y que no iba", sostiene Torres.
En medio de este impasse, el gerente de Yanacocha, César Santa Cruz, declara que el cerro Quilish, intocable para los cajamarquinos, entrará en explotación en el 2016. Una torpeza que puso el dedo en la llaga y reactivó el Frente de Defensa Ambiental. Al poco tiempo explotó Conga.
Parece que el tiempo es cíclico y volvemos al de Redoble por Rancas. Dos décadas con tierras de nadie, de tierras con tajos.
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