Desde hace casi 30 años, los trabajadores del sector textil y confecciones vienen exigiendo la derogación del DL 22342 (Régimen Laboral Exportación No Tradicional) –impuesto bajo la dictadura de Morales Bermúdez– y el respeto de sus derechos laborales reconocidos en la Constitución. Hace poco se han sumado a esta demanda seis trasnacionales claves del sector textil –47 Brand, LifeisGood, New Balance, Nike, PVH Corp y VF Corporatio– mediante una carta dirigida al presidente Humala, urgiéndolo a derogar dicho decreto, por considerar que alienta y tolera violaciones a los derechos laborales y constituye un obstáculo para la correcta aplicación de sus códigos de conducta.
En 34 años de vigencia, el DL 22342 ha institucionalizado el abuso a cientos de miles de trabajadores. En tres décadas, el MTPE y el Poder Judicial han corroborado en innumerables oportunidades la desnaturalización de los contratos celebrados al amparo de esta norma en perjuicio de ellos (Informe N° 23-2011-MTPE/2/14). Los contratos de exportación no tradicional bloquean el ejercicio de las libertades de asociación y negociación colectiva y condenan a los trabajadores a largas jornadas de trabajo, bajos salarios, malas condiciones de empleo y poca protección en materia de salud (solo 33% de los trabajadores afectados está afiliado a un seguro de salud), beneficios por maternidad y pensiones (solo 35% a un sistema de pensiones). Y todo ello porque están impedidos de contar con un empleo estable y seguro.
Pese a que la mayoría de estos trabajadores realiza funciones permanentes (cuyos puestos de trabajo existían antes de que fueran contratados y siguen existiendo luego de que ellos se van), el DL 22342 permite que suscriban contratos de un mes de vigencia y que su permanencia esté sujeta a la suscripción de un contrato tras otro (hasta más de cien contratos con el mismo empleador), lo que facilita su despido cuando reclaman por sus derechos o se sindicalizan, como ha sucedido en Tejidos San Jacinto, San Sebastián, Topy Top, Incalpaca, entre otras.
Este régimen, creado en 1978 para fomentar el crecimiento de un sector incipiente que exportaba 102 millones de dólares (BCR), pretende ser mantenido 34 años después con el mismo argumento, negando el significativo crecimiento del sector: las exportaciones no tradicionales aumentaron en 14,6% en términos reales entre el 2011 y el 2012 (INEI), lo que es un porcentaje mayor al nivel de crecimiento económico promedio para el mismo periodo, que fue de solo 6,3%. El sector textil creció en ese periodo cerca de 9,05%, tasa igualmente mayor que el nivel de crecimiento de la economía para el 2012, año en que las exportaciones textiles no tradicionales sumaron cerca de 2.157,1 millones de dólares (2.000% más que en 1978).
“El experto en derecho laboral”, José Luis Silva, ministro de Comercio Exterior, ha hecho suyo el reclamo de SNI, Adex, la Cámara de Comercio de Lima, Confiep, Comex Perú y AmchamPerú, sosteniendo la imposibilidad de derogar el DL 22342 porque –para él– este no contradice la Constitución y su eliminación; por el contrario, perjudicaría las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Mentira.
La afirmación de Silva contradice la opinión técnica del MTPE (que en el debate de estos días ha guardado un preocupante silencio), quien planteó la imperiosa necesidad de reformar el DL 22342 (Informe N° 23-2011-MTPE/2/14). Según la Dirección General del Trabajo del MTPE, los contratos laborales del sector de exportación no tradicional “en primer lugar, (…) afectan el derecho al trabajo (art. 22 de Constitución) al restar vigencia a la estabilidad de entrada. En segundo lugar, crean una brecha de ingresos a favor del personal que es contratado a plazo indeterminado con respecto al que lo es a plazo fijo, lo que afecta el contenido equitativo y suficiente de la remuneración (art. 24 de Constitución). E, igualmente, afectan el derecho de libertad sindical, pues la alta rotación subsecuente determina una baja actividad sindical”.
El Congreso debe derogar en esta legislatura el régimen laboral del DL 22342, que hoy solo sirve para defender los privilegios de un segmento del sector textil que figura entre las empresas más rentables del país. Cerca de 180.000 trabajadores no pueden esperar 34 años más.
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