ALFONSO W. QUIROZ . LA DECADA INFAME ( 1990-2000) EXTRACTO DEL LIBRO HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN (IEP)

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La década infame ( 1990-2000)

¿ Fue el gobierno del presidente Alberto Fujimori el más corrupto en la historia del Perú? A primera vista podría parecer que sí, considerando la difundida cobertura de una corrupción generalizada y sistemática que involucró una amplia gama  de instituciones y personajes tanto públicos como privados. Las riendas del meollo de la Administración Pública nacional evidentemente fueron capturadas por grupos militares y civiles asociados en la corrupción.

Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos demás gobiernos de la historia moderna( ) y sería tal vez únicamente con el periodo colonial, cuando los mecanismos corruptos eran algo inherentes al sistema del poder y generación de riqueza. La corrupción se generaliza y queda ampliamente aceptada  como algo intrínseco al sistema institucional cuando se ve asistida por normas informales, un gobierno autoritorio, la impunidad judicial y la falta de transparencia.

El cuadro AI intenta cuantificar los casos más notables de los fondos desviados a través de medios corruptos, sobre la base de las investigaciones parlamentarias, judiciales y fiscales efectuados desde el final del régimen de Fujimori ( hasta julio de 2007)...

Además de los escándalos de corrupción más notorios asociados con Fujimori, Montesinos y las fuerzas armadas, hubo grandes costos indirectos debido al costo de oportunidad de las inversiones extranjeras que no llegaron al país a causa de la corrupción. De este modo, se impidió que hubiese niveles más altos  de inversión local y extranjera, hecho que ocasiono que hubiese niveles más altos de inversión local y extranjera, hecho que ocasionó disminuciones en la producción local, el empleo y la educación. En general puede decirse que la década de 1990 fue una epoca de oportunidades pérdidas para reformar eficientemente el sistema de intervencionismo estatal anterior. sin sacrificar una distribución del ingreso más equitativo y tergiversar politicas economicas ortodoxas. Otros costos institucionales militares policiales y de inteligencia, a los poderes legislativo y judicial, a la educación y, sobre todo, al marco constitucional y el imperio de la ley...

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