De cal y arena
Por Nelson Manrique
Expreso mi indignación por el atentado perpetrado contra Salomón Lerner Febres. Como es sabido, un esbirro amparado en el anonimato cobarde envenenó a los perros del ex presidente de la CVR y realizó después varias llamadas telefónicas amenazándolo de muerte. Este atentado no es un hecho aislado. Desde hace tiempo existe una política sistemática de hostigamiento contra el Dr. Lerner ejecutada recurriendo a cualquier medio. Entre otras cosas, a lo largo de varios meses se han realizado ataques vandálicos contra Wikipedia, la enciclopedia universal de Internet, para cambiar el contenido de la biografía del doctor Lerner, con textos inmundos que lo insultan, presentándolo como miembro de SL.
Aunque es improbable que este tipo de actos puedan repetirse, pues los directivos de Wikipedia acaban de anunciar que van a recurrir a controles para protegerse contra el vandalismo, lo que se debe subrayar es que existe en marcha una política sistemática cuyo origen no es difícil encontrar: pregúntense por quiénes fueron denunciados por la CVR como responsables de crímenes de lesa humanidad. Esta política es consentida por el gobierno, varios de cuyos miembros instigan con sus declaraciones este tipo de reacciones delincuenciales. La alianza entre el aprismo y el fujimorismo, que tiene como una de sus bases la lucha por la impunidad de los criminales, es el escenario propicio para que se desarrollen este tipo de acciones.
Salomón Lerner, más allá de todos sus méritos personales, constituye una de las reservas morales de este país. Se debe responsabilizar al gobierno si estos hechos siguen sucediéndose.
A pesar de estos actos infames la justicia avanza en los procesos judiciales seguidos contra Alberto Fujimori y esta es una buena noticia. Al aceptar su responsabilidad penal en el último juicio que tenía pendiente por corrupción (como se sabe sólo se le puede enjuiciar por los casos que los tribunales de Chile reconocieron al aceptar su extradición) Fujimori se ha librado de carearse con Javier Pérez de Cuéllar, Susana Higushi, César Hildebrandt, Mirko Lauer, Javier Diez Canseco y otros 60 testigos. No pierde gran cosa porque la pena que pidió el fiscal era de ocho años y ya tiene una sentencia de 25, que no es acumulable.
Fujimori ha preferido pues aceptar su responsabilidad en los delitos de corrupción de funcionarios, cohecho pasivo y violación del secreto de las comunicaciones de que se le acusaba evitando así exponerse a que se ventilaran públicamente sus latrocinios. Aunque eso priva al país de la posibilidad de confrontar al dictador permite, por otra parte, acelerar el desarrollo del proceso judicial de conjunto, lo cual debiera ayudar a concluirlo antes de que empiece la próxima campaña electoral, el escenario en que el fujimorismo quería que se desarrolle, para politizar el proceso.
El caso del ministro Francis Allison tiene, desde su millonaria contratación como asesor de una empresa, más puntas que un puercoespín. ¿Qué podía aportar un alcalde distrital a una empresa dedicada –formalmente– a la seguridad y en realidad a la inteligencia que valiera ese dinero? ¿Qué razón puede justificar que este trabajo se pactara con un contrato verbal y que él despachara por su labor en cafés y restaurantes? Cualquiera de estos hechos sería de por sí sospechoso pero, cuando se añade que la empresa que le pagaba tan generosamente es Business Track, la cosa se pone de color de hormiga.
Business Track no sólo ha jugado un papel clave en el escándalo de los petroaudios sino, además, según un texto que debe publicar próximamente Gustavo Gorriti (tomo la referencia de César Hildebrandt) , ha tenido bastante que ver con tareas de espionaje político al servicio de la candidatura de Alan García durante la reciente campaña electoral. Todos los hilos se juntan y el gobierno sigue repitiendo inexorablemente el guión de ineptitud y corrupción que ya le conocemos desde su primer mandato.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario