En Blanco y Negro
Perú: ¿ley de la mordaza?
Carlos Angulo Rivas
Aprovechando la declaratoria del estado de emergencia en la región Tacna la Fuerza Armada, el 12 de noviembre último, desmanteló las instalaciones de la radio de oposición Caplina; durante la madrugada de ese día se llevaron los equipos e impidieron la transmisión habitual. El control de los medios de comunicación por parte del gobierno fascista de Alan García, a través de los empresarios periodísticos, es prácticamente total. La censura y autocensura de los medios radiales, escritos y televisivos, involucra la desinformación en cuanto a las demandas del pueblo peruano, las movilizaciones sociales y los actos de corrupción. El caso PETROGATE, la denuncia periodística televisada por la cual cayó el gabinete ministerial del primer ministro Jorge Del Castillo, sospechoso de corrupción junto a seis ministros de su equipo, quiere ahora ser silenciada por el gobierno. De otra manera no se explica el arbitrario despido del director del diario Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich y la solicitud de renuncia a la directora del programa dominical TV Cuarto Poder, Laura Puertas. Justamente, los dos medios que venían siguiendo el descubrimiento de una extensa red de corrupción millonaria en el seno del gobierno aprista, que puso en tela de juicio al propio presidente de la república. Cabe señalar también que dos periodistas del mismo caso, Fernando Ampuero y Pablo O'brien, de El Comercio, sufrieron la misma suerte.
La performance de Alan García evidencia culpabilidad por todos sus contornos, aunque pretenda tapar la enorme corrupción de su mandato bajando el dedo a los periodistas. Ya lo dijo Mao "el sol no se puede tapar con dedo." La revancha contra los periodistas que tocaron las puertas de palacio de gobierno con las denuncias de corrupción, tenía que llegar a través de los sumisos empresarios periodísticos descompuestos y corrompidos desde la época de Fujimori y Montesinos. Con la salida de la periodista Laura Puertas de Cuarto Poder se trata de paralizar el seguimiento del caso PETROGATE y sus aristas de inmoralidad comprobada en los seis ministros salientes junto al premier Del Castillo; la censura empezó a mitad del programa televisado del domingo pasado, ocurrió cuando se anunció la segunda parte de la investigación de los famosos "petroaudios" de Rómulo León Alegría y luego de los comerciales misteriosamente se puso un "enlatado" de los bailes folclóricos de una cantante nacional. Con el despido de Álvarez Rodrich, director de Perú 21 desde su fundación, hace seis años, termina una época de críticos izquierdistas dentro del sistema, a los que llaman "caviares" por sus vínculos o representaciones en las ONGs. Columnistas enmendadores de la plana de un Alan García fascista que, como tal, no entiende razones; lugar donde destaca el hombre que llevó los "petroaudios" de las denuncias al programa Cuarto Poder, el ex ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, Fernando Rospigliosi, quien en protesta y sabiendo su destino se ha solidarizado con Álvarez Rodrich mediante su renuncia al periódico.
La entrega voluntaria del amigo íntimo y compadre espiritual de Alan García Pérez, el prófugo Rómulo León Alegría, no podía ser una casualidad menos una coincidencia. El remezón en los medios de comunicación, por los despidos citados, indicaría una preventiva llamada de atención para quienes hoy quieran profundizar las investigaciones periodísticas alrededor de la putrefacción del gobierno de Alan García. Así las cosas el acusado de ser una "rata," en palabras del propio García Pérez, estaría colocando la agenda en el país. Varios analistas políticos han señalado que esta especie de gerente de operaciones comerciales de palacio de gobierno negoció su entrega, pues llegó muy campante al juzgado del sospechoso juez Barreto nada menos que en taxi y acompañado de su abogado cuando, según las informaciones oficiales, toda la policía nacional estaba tras sus pasos. Y señalamos como sospechoso de prevaricato al juez Barreto porque no ofrece ninguna garantía de independencia, luego que al otro implicado en el caso PETROGATE, el abogado Alberto Quimper, le concedió la gracia del arresto domiciliario.
En estas extrañas circunstancias, normales para los apristas, el poder de la delincuencia de cuello y corbata, continuidad del estado putrefacto entre Alberto Fujimori y Alan García, se estaría consolidando en "aras de la gobernabilidad y la estabilidad democrática" del país. La censura de prensa y un poder judicial sumiso y obediente ante el poder político, son los principales fundamentos de mantener el encubrimiento y la impunidad. Otra coincidencia en la entrega voluntaria del prófugo León Alegría es la pretensión de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien desvergonzadamente y por orden de García Pérez, solicita al Congreso se abstenga de investigar la fraudulenta adjudicación de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum. Increíblemente, la citada ministra ha pedido que toda la investigación pase a manos del Poder Judicial y el Ministerio Público, entes disminuidos en su independencia, gobernados desde palacio de gobierno por el omnipotente soberano Alan García y sus consabidas bajadas de dedo. Y lo dice la ministra, precisamente, cuando la comisión parlamentaria que investiga el caso Discover Petroleum cuenta en su poder con documentos que probarían corrupción en la concesión de lotes petroleros, según asegura el congresista de este grupo, Rafael Yamashiro, quien refuta así las afirmaciones de Rómulo León Alegría, en las cuales, tras sus amenazas de "hablar" sobre los "techos de cristal" ratificó que los petroaudios revelan solo un escándalo y no un caso de corrupción. De allí a la impunidad de los delitos, protegida por Alan García, acostumbrado a las prescripciones de los suyos propios, solo un paso. Sin prensa libre y sin investigación de la oposición congresal, los apristas comandados por Alan García se cargaran el país en peso como en el primer gobierno. Antecedentes delincuenciales sobran.
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