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From: Ricardo Melgar <melgarr@gmail.com>
Date: Sat, 23 Jun 2012 12:30:56 -0500
Subject: La academia y la política de la zanahoria o de la productividad
To:
*La academia en el INAH: ** Entre el tope salarial y la*
* zanahoria de los estímulos a la productividad
*
*Rafael Gutiérrez Yáñez, Paul Hersch Martínez, Gilberto López y Rivas y
Ricardo Melgar Bao*
En *El volcán*, revista de la corriente crítica de los trabajadores de la
cultura en el estado de Morelos
[image: Imágenes integradas 1]
La perspectiva histórica de los procesos actuales es siempre esencial en la
comprensión de nuestro presente. Al reparar hoy en la génesis de los
programas de estímulos al desempeño académico resulta pertinente pasar
revista al contexto de su aparición.
Los salarios de los Investigadores y Académicos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, "INAH"; están regulados por las "Condiciones
Generales de Trabajo "CGT" (01 03 1977), tomando entonces como referencia
los salarios y prestaciones del Instituto Politécnico Nacional, de
conformidad con las Bases del 14 de diciembre de 1979.
El origen del documento regulador de las relaciones laborales entre el INAH
y sus trabajadores, que es el de "Las Condiciones Generales de Trabajo del
INAH", se encuentra en la considerada en ese momento la igualdad fraterna
habida entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), que comparten actividades de
Investigación, conservación, docencia y difusión de la cultura nacional.
Esta igualdad laboral trajo como consecuencia una igualdad salarial
escalafonaria que se perdió en el INAH al solicitar los presupuestos
requeridos, por la negligencia de nuestros directores generales y por la
debilidad de nuestra agrupación sindical para exigirlos.
Tras la represión del sindicalismo universitario de fines de los setenta,
su reactivación cobró nuevos bríos y propició un debate nacional en el que
intervino Guillermo Soberón, entonces rector de la UNAM, con la finalidad
de contar con un mecanismo regulador de las relaciones de trabajo, lanzando
como alternativa la incorporación del apartado C en el artículo 123
constitucional. Su contenido resultaba ser una traba para el reconocimiento
de los sindicatos universitarios y para la paz en los campus, por lo que
debía ser reformado. Los académicos habían cifrado sus expectativas en la
vía sindical, a la cual dieron su respaldo. La reforma fue inevitable. Las
reformas legislativas fueron atendidas a partir de 1980.
Así, un nuevo escenario laboral mediado por los sindicatos venía sacudiendo
los viejos cimientos de la autonomía universitaria y de las jerarquías
burocráticas y académicas. Suscitaba también nuevas preocupaciones en las
esferas gubernamentales. La federalización de sindicatos universitarios iba
en camino y, aunado a ella, la politización de los académicos desde la
izquierda, afectando los canales tradicionales de reclutamiento de cuadros
del PRI en el Estado. El saber crítico sobre la realidad nacional,
continental y mundial tendía a afirmarse en las publicaciones
universitarias y en los foros académicos nacionales e internacionales. Por
esos tiempos, las jerarquías universitarias seguían un camino que se
bifurcaba en dos direcciones: la del merito solventado por obras de calidad
y de magisterio calificado y trascendente, y la de la burocracia
universitaria. Los posgrados se iban extendiendo pero su incidencia en la
construcción de jerarquías académicas era relativa, si recordamos que había
casi consenso en que era la producción en la investigación de calidad la
que definía las distancias simbólicas entre investigadores o entre docentes.
El gobierno miraba más allá de la coyuntura; se veía en la necesidad de
buscar una alternativa novedosa y seductora para disciplinar a la
intelectualidad universitaria y dislocarla como base social de los
sindicatos, e ideológicamente de las izquierdas. Bajo ese contexto, se
cribó el primer proyecto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a
cargo de una comisión intersecretarial que debía tomar en cuenta las
preocupaciones de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y
Programación y Presupuesto. Así, la inquietud del gobierno de López
Portillo por el curso ascendente que iba tomando el sindicalismo
universitario y por la ausencia de un mecanismo jurídico regulador válido
para las Universidades públicas e instituciones de nivel superior resultaba
lógica y urgente. El razonamiento, nunca hecho explícito, era que la oferta
selectiva de la zanahoria debería ser más tentadora que el incremento
salarial que resultase de las no siempre fáciles negociaciones sindicales
con las autoridades universitarias. Una brecha se abriría en el campo
académico entre quienes seguían entusiastas la imagen del bien limitado,
que refiere Foster [1], y quienes optaban por la competencia, la ansiedad,
la voracidad y la fragmentación del tejido social entre los pares.
Sin embargo, si el Proyecto de las Zanahorias Académicas no pudo ser
lanzado durante la administración de López Portillo fue por la crisis
económica y por la mayor atención política puesta a la reforma electoral.
Finalmente, el 26 de julio de 1984, el Diario Oficial de la Federación
publicó la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Su alcance fue
limitado, por lo que gradualmente se fueron lanzando paralelamente los
programas de estímulos a la productividad en las universidades e
instituciones académicas.
El INAH fue el patito feo en este proceso. Llegó tarde y mal; el cuello de
botella de su sistema podría ser exhibido en vitrina. Recordamos la febril
mentalidad de uno de sus diseñadores, planteando que cada académico debería
producir seis artículos científicos por año, y con ello, bien valdría el
esfuerzo y serían premiados… siempre y cuando cumpliesen también con
eficiencia productivista otros rubros. Cada dirección de especialidad, en
coordinación con la Secretaría Técnica del Instituto definiría los términos
y plazos de las convocatorias, fijaría las escalas o niveles y sancionaría
el número limitado de becas que correspondiesen al área de investigación y
de docencia.
Los años han pasado y la más reciente convocatoria para el bienio 2012-14
ha desnudado una vez más las excrecencias del proceso. La Dirección de la
DEAS ha hecho gala de renunciar a los principios que le dieron origen y que
están plasmados en su reglamento. En las evaluaciones ya no se garantiza, a
través del ejercicio de sus dictaminadores la "libertad de investigación y
expresión" consignada en esa disposición, especialmente cuando de
compromisos sociales y de posiciones de izquierda se trata. Y la otrora
postura complaciente con la descentralización del INAH es negada
antidemocráticamente. La Dirección de la DEAS, en complicidad con la
Secretaría Técnica, por omisión o comisión, ha excluido lisa y llanamente
de la designación de dictaminadores a sus pares por pertenecer a centros
regionales. Ha decidido también anular la sana opción de designar a
investigadores eméritos y a dictaminadores externos, todos ellos no sujetos
al mismo proceso evaluatorio, bajo un argumento pueril y vergonzoso: "es
que no quieren", "es que no pueden".
*Cortados por la misma tijera*
De fondo, se ha abierto juego a una red capitalina que oficia de juez y
parte en la administración de este cuello de botella y de sus zanahorias de
cuatro categorías. La violación de los términos públicos de la convocatoria
en tiempo y forma, la libre interpretación a modo que ejercen los censores
evaluatorios de los descriptores y el franco desconocimiento de las
condiciones referenciales de la evaluación, aunado a burdos pero reiterados
errores incluso de orden aritmético básico y de comprensión de textos,
prueban que la tentación autoritaria ha calado en un sector minoritario de
la DEAS, con la anuencia de la Secretaría Técnica y la Dirección General
del INAH, a pesar de señalamientos críticos y propositivos, bianuales,
presentados por investigadores como una cauda inevitable de cada proceso de
evaluación.
Las cosas han llegado a un terreno incluso esquizofrénico o kafkiano, según
sea la interpretación psicológica o literaria que se prefiera en ese teatro
del absurdo que es el proceso de evaluación al que hay que someterse cada
dos años ante la persistencia de los topes salariales dentro del INAH y la
violación de las CGT, al no estar ya el INAH desde hace mucho en las
condiciones de nuestros pares en la UNAM, el Politécnico y otros centros de
investigación, como la UAM, que gozan de mejores prestaciones en este
sentido.
De este modo, un hecho académico simple y cotidiano cualquiera tiene que
ser demostrado cada vez con más documentos, que ingeniosamente se buscan
cada bienio; así, por ejemplo, para comprobar que una ponencia fue
presentada o un dictamen entregado, no basta con una lógica y escueta
constancia: ahora hay que demostrar que hubo invitación de por medio, como
si el académico se colara a los eventos y a las instituciones como aquel
buen "gorrón" de la lírica del maestro Chava Flores, sin una convocatoria
previa. Aun con papeles en mano, la sospecha prevalece y determina la
tónica de todo el proceso. Los artículos de fondo, que pudieron ser textos
de conferencias magistrales inaugurales o productos de serias
investigaciones son trastocados mágicamente en "notas periodísticas" por el
Tribunal de la Santa Inquisición instalado en la DEAS, presidido por la
búsqueda exhaustiva de mecanismos para minimizar sistemáticamente los
trabajos presentados. Pareciera que cada punto reconocido a los evaluados
incrementase la angustia de los evaluadores. El rigor es trocado por la
minucia, el género por la argucia, el contenido por el artilugio de la
forma, al tiempo que se prescinde de brindar información elemental a los
evaluados respecto a la "fundamentación" de las decisiones.
Por principio, se duda de todo y de todos, bajo la lógica que los
investigadores son por naturaleza embaucadores académicos y haciendo gala
de la conseja popular de que "el león cree que todos son de su condición",
hasta que no se demuestre lo contrario y de que es mejor cuidar el dinero
de la patronal, que reconocer méritos y esfuerzos, sobre todo de aquellos
con un nivel alto de productividad, pues en síntesis se trata de
investigadores en evaluación que constituyen competidores de los mismos
evaluadores, a vencer en la loca carrera del puntaje neoliberal.
Así, el camino a los estímulos-zanahorias, que debiera ser suplido por
buenos salarios de base, se torna cada vez más difícil, enredoso y
generador de conflictos; con resultados preliminares en los que se rasura
con ligereza increíble la mitad de los puntos, con "fundados argumentos"
como el lacónico "no procede", "no corresponde", o simplemente, dejándolos
en blanco, lo cual, junto a la tardanza en la entrega de los resultados, al
borde de los plazos, provocan apelaciones y contra impugnaciones que
desgastan y enardecen los ánimos de quienes son juzgados -siempre a la
baja- por personal que al parecer nada conoce de la disciplina del evaluado
ni de su trayectoria, ni de sus publicaciones, pero que se encuentra por
una temporada dotado con un poder: el de la decisión sobre lo que
constituye un alto porcentaje de las percepciones mensuales de los
evaluados, que no siempre disponen del tiempo ni de la entraña suficiente
para inconformarse formalmente con el proceso, pues la política de la
Zanahoria Académica tiene otras entradas, como el desgaste en llenar
formatos de uno y otro tipo, una y otra vez. Pocos recursos le costarían al
INAH implementar una base de datos curriculares de acuerdo a los criterios
del RAPCEO, armonizando y articulando los procesos evaluatorios, pero la
lógica es otra, la del desgaste y la distracción burocrática de su
comunidad académica.
*Evaluaos los unos a los otros*
Así, desde hace ya algún tiempo y tal vez como parte de cierto proceso de
incuria general por el que atraviesa la institución nacional encargada de
cuidar nuestro patrimonio cultural –y cuidar implica conocer, estudiar,
proteger, conservar, difundir-, esto es, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, se ha consolidado la estratagema neoliberal
consistente en evadir incrementos salariales mediante procesos de
evaluación atomizadores. Y un punto crítico al respecto es que dichos
programas prescinden de categorías fijas, haciendo que la productividad de
unos afecte a la posibilidad de acceder a estímulos a otros. Es decir, en
un toque genial del hado del individualismo, el investigador siempre será
mejor recompensado o "estimulado", a condición de que cuente con una
productividad mayor que otros investigadores, lo que establece una
vinculación dependiente a la inversa entre "pares" que permite, además,
atomizar al cuerpo de investigadores y premiar la perspectiva privada del
trabajo académico, concediendo nulo o poco valor al ejercicio de equipos de
trabajo y, en particular, de manera grave para el momento de nuestro país,
a las derivaciones sociales de ese trabajo. La ingrata condición de
evaluador es construida como efecto de esa estructura, al tiempo que los
evaluables corren el riesgo de acabar entendiendo que el sentido esencial
de su trabajo... consiste básicamente en la producción sistemática de
evaluaciones. En tales condiciones, no sería inverosímil que pueda emitirse
próximamente una convocatoria como la siguiente:
*PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA EVALUACIÓN*
*CONVOCATORIA 2013*
Se notifica a todos los evaluadores interesados y a quienes aspiran a
serlo, que ya se encuentra vigente la Convocatoria Institucional del nuevo
Programa Nacional de Estímulos a la Evaluación.
Serán evaluados todos aquellos candidatos que cuenten con al menos 124,567
puntos, de acuerdo con el Catálogo de Virtudes Evaluatorias publicado en la
página "evaluáoslosunosalosotros.com" de la Secretaría de la Evaluación
Pública. Siguiendo los lineamientos de dicha entidad que se encuentran
especificados en el apartado 123b "De cómo construir desencuentros
gratuitos entre investigadores", de la mencionada Secretaría, el Programa
permitirá contar con un Cuerpo Especializado de Peritos Evaluadores de
Servicio Civil Evaluatorio de Carrera. El Programa de Estímulos a la
Evaluación se basa en el diseño de una estructura basada en méritos
descalificatorios, que coloca a los evaluables, a los evaluados y a los
evaluadores, así como a los devaluados, a los devaluadores y a los
devaluables en condición de Competencia, ideal supremo que, como todos
sabemos desde nuestra ya muy lejana infancia, constituye el valor
referencial máximo que orienta toda producción y vinculación
inter-académica y social.
Fecha de publicación: 2 de enero de 2013. Fecha límite de entrega de
solicitudes: 31 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de respuestas
a las autodevaluaciones: 18 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega
de apelaciones a las respuestas de las autodevaluaciones: 15 de diciembre
de 2012. Fecha límite de entrega de impugnaciones a las respuestas de las
autodevaluaciones: 1 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de
veredictos finales: 15 de noviembre de 2012.
*Referencia:*
Foster, George (1965), "La sociedad campesina y la imagen del bien
limitado", *American*
*Anthropologist*, 76: 293-315.
[1) El concepto de la imagen del bien limitado, formulado por Foster en
1965, pretendía caracterizar la relación entre escasez de bienes
culturales, diferenciación social y prácticas de envidia y violencia
simbólica. Autores más recientes, con algunos matices, utilizan el concepto
en ámbitos burocráticos y académicos vinculados al arribismo y el ejercicio
de la violencia simbólica vertical.
Muchos artículos y videos en las diez revistas de *En el volcán* en:
www.enelvolcan.com
--
Luis Anamaría http://socialismoperuanoamauta.blogspot.com/
http://centenariogeorgettevallejo.blogspot.com/
http://socialismoperuano.blog.terra.com.pe/
cel 993754274
From: Ricardo Melgar <melgarr@gmail.com>
Date: Sat, 23 Jun 2012 12:30:56 -0500
Subject: La academia y la política de la zanahoria o de la productividad
To:
*La academia en el INAH: ** Entre el tope salarial y la*
* zanahoria de los estímulos a la productividad
*
*Rafael Gutiérrez Yáñez, Paul Hersch Martínez, Gilberto López y Rivas y
Ricardo Melgar Bao*
En *El volcán*, revista de la corriente crítica de los trabajadores de la
cultura en el estado de Morelos
[image: Imágenes integradas 1]
La perspectiva histórica de los procesos actuales es siempre esencial en la
comprensión de nuestro presente. Al reparar hoy en la génesis de los
programas de estímulos al desempeño académico resulta pertinente pasar
revista al contexto de su aparición.
Los salarios de los Investigadores y Académicos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, "INAH"; están regulados por las "Condiciones
Generales de Trabajo "CGT" (01 03 1977), tomando entonces como referencia
los salarios y prestaciones del Instituto Politécnico Nacional, de
conformidad con las Bases del 14 de diciembre de 1979.
El origen del documento regulador de las relaciones laborales entre el INAH
y sus trabajadores, que es el de "Las Condiciones Generales de Trabajo del
INAH", se encuentra en la considerada en ese momento la igualdad fraterna
habida entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), que comparten actividades de
Investigación, conservación, docencia y difusión de la cultura nacional.
Esta igualdad laboral trajo como consecuencia una igualdad salarial
escalafonaria que se perdió en el INAH al solicitar los presupuestos
requeridos, por la negligencia de nuestros directores generales y por la
debilidad de nuestra agrupación sindical para exigirlos.
Tras la represión del sindicalismo universitario de fines de los setenta,
su reactivación cobró nuevos bríos y propició un debate nacional en el que
intervino Guillermo Soberón, entonces rector de la UNAM, con la finalidad
de contar con un mecanismo regulador de las relaciones de trabajo, lanzando
como alternativa la incorporación del apartado C en el artículo 123
constitucional. Su contenido resultaba ser una traba para el reconocimiento
de los sindicatos universitarios y para la paz en los campus, por lo que
debía ser reformado. Los académicos habían cifrado sus expectativas en la
vía sindical, a la cual dieron su respaldo. La reforma fue inevitable. Las
reformas legislativas fueron atendidas a partir de 1980.
Así, un nuevo escenario laboral mediado por los sindicatos venía sacudiendo
los viejos cimientos de la autonomía universitaria y de las jerarquías
burocráticas y académicas. Suscitaba también nuevas preocupaciones en las
esferas gubernamentales. La federalización de sindicatos universitarios iba
en camino y, aunado a ella, la politización de los académicos desde la
izquierda, afectando los canales tradicionales de reclutamiento de cuadros
del PRI en el Estado. El saber crítico sobre la realidad nacional,
continental y mundial tendía a afirmarse en las publicaciones
universitarias y en los foros académicos nacionales e internacionales. Por
esos tiempos, las jerarquías universitarias seguían un camino que se
bifurcaba en dos direcciones: la del merito solventado por obras de calidad
y de magisterio calificado y trascendente, y la de la burocracia
universitaria. Los posgrados se iban extendiendo pero su incidencia en la
construcción de jerarquías académicas era relativa, si recordamos que había
casi consenso en que era la producción en la investigación de calidad la
que definía las distancias simbólicas entre investigadores o entre docentes.
El gobierno miraba más allá de la coyuntura; se veía en la necesidad de
buscar una alternativa novedosa y seductora para disciplinar a la
intelectualidad universitaria y dislocarla como base social de los
sindicatos, e ideológicamente de las izquierdas. Bajo ese contexto, se
cribó el primer proyecto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a
cargo de una comisión intersecretarial que debía tomar en cuenta las
preocupaciones de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y
Programación y Presupuesto. Así, la inquietud del gobierno de López
Portillo por el curso ascendente que iba tomando el sindicalismo
universitario y por la ausencia de un mecanismo jurídico regulador válido
para las Universidades públicas e instituciones de nivel superior resultaba
lógica y urgente. El razonamiento, nunca hecho explícito, era que la oferta
selectiva de la zanahoria debería ser más tentadora que el incremento
salarial que resultase de las no siempre fáciles negociaciones sindicales
con las autoridades universitarias. Una brecha se abriría en el campo
académico entre quienes seguían entusiastas la imagen del bien limitado,
que refiere Foster [1], y quienes optaban por la competencia, la ansiedad,
la voracidad y la fragmentación del tejido social entre los pares.
Sin embargo, si el Proyecto de las Zanahorias Académicas no pudo ser
lanzado durante la administración de López Portillo fue por la crisis
económica y por la mayor atención política puesta a la reforma electoral.
Finalmente, el 26 de julio de 1984, el Diario Oficial de la Federación
publicó la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Su alcance fue
limitado, por lo que gradualmente se fueron lanzando paralelamente los
programas de estímulos a la productividad en las universidades e
instituciones académicas.
El INAH fue el patito feo en este proceso. Llegó tarde y mal; el cuello de
botella de su sistema podría ser exhibido en vitrina. Recordamos la febril
mentalidad de uno de sus diseñadores, planteando que cada académico debería
producir seis artículos científicos por año, y con ello, bien valdría el
esfuerzo y serían premiados… siempre y cuando cumpliesen también con
eficiencia productivista otros rubros. Cada dirección de especialidad, en
coordinación con la Secretaría Técnica del Instituto definiría los términos
y plazos de las convocatorias, fijaría las escalas o niveles y sancionaría
el número limitado de becas que correspondiesen al área de investigación y
de docencia.
Los años han pasado y la más reciente convocatoria para el bienio 2012-14
ha desnudado una vez más las excrecencias del proceso. La Dirección de la
DEAS ha hecho gala de renunciar a los principios que le dieron origen y que
están plasmados en su reglamento. En las evaluaciones ya no se garantiza, a
través del ejercicio de sus dictaminadores la "libertad de investigación y
expresión" consignada en esa disposición, especialmente cuando de
compromisos sociales y de posiciones de izquierda se trata. Y la otrora
postura complaciente con la descentralización del INAH es negada
antidemocráticamente. La Dirección de la DEAS, en complicidad con la
Secretaría Técnica, por omisión o comisión, ha excluido lisa y llanamente
de la designación de dictaminadores a sus pares por pertenecer a centros
regionales. Ha decidido también anular la sana opción de designar a
investigadores eméritos y a dictaminadores externos, todos ellos no sujetos
al mismo proceso evaluatorio, bajo un argumento pueril y vergonzoso: "es
que no quieren", "es que no pueden".
*Cortados por la misma tijera*
De fondo, se ha abierto juego a una red capitalina que oficia de juez y
parte en la administración de este cuello de botella y de sus zanahorias de
cuatro categorías. La violación de los términos públicos de la convocatoria
en tiempo y forma, la libre interpretación a modo que ejercen los censores
evaluatorios de los descriptores y el franco desconocimiento de las
condiciones referenciales de la evaluación, aunado a burdos pero reiterados
errores incluso de orden aritmético básico y de comprensión de textos,
prueban que la tentación autoritaria ha calado en un sector minoritario de
la DEAS, con la anuencia de la Secretaría Técnica y la Dirección General
del INAH, a pesar de señalamientos críticos y propositivos, bianuales,
presentados por investigadores como una cauda inevitable de cada proceso de
evaluación.
Las cosas han llegado a un terreno incluso esquizofrénico o kafkiano, según
sea la interpretación psicológica o literaria que se prefiera en ese teatro
del absurdo que es el proceso de evaluación al que hay que someterse cada
dos años ante la persistencia de los topes salariales dentro del INAH y la
violación de las CGT, al no estar ya el INAH desde hace mucho en las
condiciones de nuestros pares en la UNAM, el Politécnico y otros centros de
investigación, como la UAM, que gozan de mejores prestaciones en este
sentido.
De este modo, un hecho académico simple y cotidiano cualquiera tiene que
ser demostrado cada vez con más documentos, que ingeniosamente se buscan
cada bienio; así, por ejemplo, para comprobar que una ponencia fue
presentada o un dictamen entregado, no basta con una lógica y escueta
constancia: ahora hay que demostrar que hubo invitación de por medio, como
si el académico se colara a los eventos y a las instituciones como aquel
buen "gorrón" de la lírica del maestro Chava Flores, sin una convocatoria
previa. Aun con papeles en mano, la sospecha prevalece y determina la
tónica de todo el proceso. Los artículos de fondo, que pudieron ser textos
de conferencias magistrales inaugurales o productos de serias
investigaciones son trastocados mágicamente en "notas periodísticas" por el
Tribunal de la Santa Inquisición instalado en la DEAS, presidido por la
búsqueda exhaustiva de mecanismos para minimizar sistemáticamente los
trabajos presentados. Pareciera que cada punto reconocido a los evaluados
incrementase la angustia de los evaluadores. El rigor es trocado por la
minucia, el género por la argucia, el contenido por el artilugio de la
forma, al tiempo que se prescinde de brindar información elemental a los
evaluados respecto a la "fundamentación" de las decisiones.
Por principio, se duda de todo y de todos, bajo la lógica que los
investigadores son por naturaleza embaucadores académicos y haciendo gala
de la conseja popular de que "el león cree que todos son de su condición",
hasta que no se demuestre lo contrario y de que es mejor cuidar el dinero
de la patronal, que reconocer méritos y esfuerzos, sobre todo de aquellos
con un nivel alto de productividad, pues en síntesis se trata de
investigadores en evaluación que constituyen competidores de los mismos
evaluadores, a vencer en la loca carrera del puntaje neoliberal.
Así, el camino a los estímulos-zanahorias, que debiera ser suplido por
buenos salarios de base, se torna cada vez más difícil, enredoso y
generador de conflictos; con resultados preliminares en los que se rasura
con ligereza increíble la mitad de los puntos, con "fundados argumentos"
como el lacónico "no procede", "no corresponde", o simplemente, dejándolos
en blanco, lo cual, junto a la tardanza en la entrega de los resultados, al
borde de los plazos, provocan apelaciones y contra impugnaciones que
desgastan y enardecen los ánimos de quienes son juzgados -siempre a la
baja- por personal que al parecer nada conoce de la disciplina del evaluado
ni de su trayectoria, ni de sus publicaciones, pero que se encuentra por
una temporada dotado con un poder: el de la decisión sobre lo que
constituye un alto porcentaje de las percepciones mensuales de los
evaluados, que no siempre disponen del tiempo ni de la entraña suficiente
para inconformarse formalmente con el proceso, pues la política de la
Zanahoria Académica tiene otras entradas, como el desgaste en llenar
formatos de uno y otro tipo, una y otra vez. Pocos recursos le costarían al
INAH implementar una base de datos curriculares de acuerdo a los criterios
del RAPCEO, armonizando y articulando los procesos evaluatorios, pero la
lógica es otra, la del desgaste y la distracción burocrática de su
comunidad académica.
*Evaluaos los unos a los otros*
Así, desde hace ya algún tiempo y tal vez como parte de cierto proceso de
incuria general por el que atraviesa la institución nacional encargada de
cuidar nuestro patrimonio cultural –y cuidar implica conocer, estudiar,
proteger, conservar, difundir-, esto es, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, se ha consolidado la estratagema neoliberal
consistente en evadir incrementos salariales mediante procesos de
evaluación atomizadores. Y un punto crítico al respecto es que dichos
programas prescinden de categorías fijas, haciendo que la productividad de
unos afecte a la posibilidad de acceder a estímulos a otros. Es decir, en
un toque genial del hado del individualismo, el investigador siempre será
mejor recompensado o "estimulado", a condición de que cuente con una
productividad mayor que otros investigadores, lo que establece una
vinculación dependiente a la inversa entre "pares" que permite, además,
atomizar al cuerpo de investigadores y premiar la perspectiva privada del
trabajo académico, concediendo nulo o poco valor al ejercicio de equipos de
trabajo y, en particular, de manera grave para el momento de nuestro país,
a las derivaciones sociales de ese trabajo. La ingrata condición de
evaluador es construida como efecto de esa estructura, al tiempo que los
evaluables corren el riesgo de acabar entendiendo que el sentido esencial
de su trabajo... consiste básicamente en la producción sistemática de
evaluaciones. En tales condiciones, no sería inverosímil que pueda emitirse
próximamente una convocatoria como la siguiente:
*PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA EVALUACIÓN*
*CONVOCATORIA 2013*
Se notifica a todos los evaluadores interesados y a quienes aspiran a
serlo, que ya se encuentra vigente la Convocatoria Institucional del nuevo
Programa Nacional de Estímulos a la Evaluación.
Serán evaluados todos aquellos candidatos que cuenten con al menos 124,567
puntos, de acuerdo con el Catálogo de Virtudes Evaluatorias publicado en la
página "evaluáoslosunosalosotros.com" de la Secretaría de la Evaluación
Pública. Siguiendo los lineamientos de dicha entidad que se encuentran
especificados en el apartado 123b "De cómo construir desencuentros
gratuitos entre investigadores", de la mencionada Secretaría, el Programa
permitirá contar con un Cuerpo Especializado de Peritos Evaluadores de
Servicio Civil Evaluatorio de Carrera. El Programa de Estímulos a la
Evaluación se basa en el diseño de una estructura basada en méritos
descalificatorios, que coloca a los evaluables, a los evaluados y a los
evaluadores, así como a los devaluados, a los devaluadores y a los
devaluables en condición de Competencia, ideal supremo que, como todos
sabemos desde nuestra ya muy lejana infancia, constituye el valor
referencial máximo que orienta toda producción y vinculación
inter-académica y social.
Fecha de publicación: 2 de enero de 2013. Fecha límite de entrega de
solicitudes: 31 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de respuestas
a las autodevaluaciones: 18 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega
de apelaciones a las respuestas de las autodevaluaciones: 15 de diciembre
de 2012. Fecha límite de entrega de impugnaciones a las respuestas de las
autodevaluaciones: 1 de diciembre de 2012. Fecha límite de entrega de
veredictos finales: 15 de noviembre de 2012.
*Referencia:*
Foster, George (1965), "La sociedad campesina y la imagen del bien
limitado", *American*
*Anthropologist*, 76: 293-315.
[1) El concepto de la imagen del bien limitado, formulado por Foster en
1965, pretendía caracterizar la relación entre escasez de bienes
culturales, diferenciación social y prácticas de envidia y violencia
simbólica. Autores más recientes, con algunos matices, utilizan el concepto
en ámbitos burocráticos y académicos vinculados al arribismo y el ejercicio
de la violencia simbólica vertical.
Muchos artículos y videos en las diez revistas de *En el volcán* en:
www.enelvolcan.com
--
Luis Anamaría http://socialismoperuanoamauta.blogspot.com/
http://centenariogeorgettevallejo.blogspot.com/
http://socialismoperuano.blog.terra.com.pe/
cel 993754274
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