Un juicio histórico en Bolivia

EDITORIAL LA REPUBLICA DE URUGUAY

La "Guerra del Gas" de octubre de 2003 es sinónimo de la muerte de 69 bolivianos y bolivianas, más de 400 heridos, la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hacia Estados Unidos y también de incertidumbre e impunidad. Pero, desde el 18 de mayo de 2009, una nueva página de dignidad se escribe en la historia boliviana: se inició el juicio de responsabilidades contra el genocidio.

Después de cinco años y siete meses, la Corte Suprema de Justicia de Sucre, abrió el histórico proceso para juzgar a un ex presidente de la República elegido en democracia, a su gabinete de ministros y también a cinco ex miembros del alto mando militar.

Se estima que a lo largo del proceso comparezcan alrededor de 2.500 testigos y se presenten unas 4.900 pruebas.

Ante la ausencia de los principales acusados de este caso, la Corte Suprema de Justicia les declaró en rebeldía y ordenó la aprehensión del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros.

Nueve ex autoridades huyeron de Bolivia porque, según dicen, en el país no existe seguridad jurídica y el juicio tendría carácter político: Gonzalo Sánchez de Lozada se refugió en Estados Unidos desde la insurrección popular que se oponía a la exportación del gas natural hacia ese país por puertos chilenos.

Sus ex colaboradores Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Añez radican en Estados Unidos; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú y Jorge Torres Obleas es un asilado político en ese mismo país; Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido.

En Sucre, se encuentran los ex ministros Erick Reyes Villa Bacigalupi de Desarrollo Sostenible, Adalberto Kuajara Arandia de Trabajo y Dante Pino Archondo de Servicios Financieros.

También se presentaron los cinco ex jefes militares que fungían como tales hasta el 17 de octubre de 2003: Juan Véliz Herrera ex comandante de Ejército; Roberto Claros Flores, ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; José Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea; Luis Alberto Aranda Granados, ex almirante de la Fuerza Naval y Gonzalo Rocabado Mercado, ex comandante accidental de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público ha imputado a las 17 ex autoridades, no sólo por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos de octubre de 2003, sino por otros delitos que serán conocidos en el proceso.

Los familiares de las víctimas de octubre, presentes en este proceso, exigen la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros.

El juicio de responsabilidades iniciado contra la administración de Sánchez de Lozada es el segundo en la historia republicana de Bolivia, en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza que encabezó un sangriento golpe de Estado para establecer una dictadura militar en 1980.

A pesar de las argucias jurídicas con las que se inició el juicio de responsabilidades y que, con seguridad, caracterizarán en el futuro este proceso, lo cierto es que se dio el primer paso, el primer paso decisivo para que se escuche el clamor popular que tienen todos los bolivianos y bolivianas: justicia...