SENTENCIA DE FUJIMOR: UN DOCUMENTO ESENCIAL PARA LA HISTORIA DE PERU.

Rodrigo Montoya Rojas
University of California, San Diego, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Abril 20, 2009.

Contenido
Introducción
1.20 años de violencia y tres hechos muy importantes
II. Sentencia de Fujimori
III. Algunos temas centrales en la Sentencia
III.1. Fujimori fue el jefe supremo de las fuerzas armadas y el responsable principal de los crímenes como autor mediato.
III.2 Crímenes de Estado, crimen contra la humanidad, y guerra sucia
III.3. Fujimori-Guzmán y su común voluntad de aniquilar
IV. Fujimori ¿salvador del Perú?

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Introducción
Cuando la corte suprema chilena aprobó la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori, pensé como muchos otros analistas en Perú que el poder judicial no tendría la independencia suficiente para juzgarlo y que gracias al omnímodo poder que él tuvo para hacer lo que quería con los jueces, saldría libre de toda culpa. Cuando vi que en el juicio se acumulaban uno a uno los indicios y las evidencias que lo condenaban, comencé a cambiar de opinión. En el último tramo todo indicaba que sería sentenciado. ¿25 o 20 años? La sentencia de 25 años abre en el poder judicial una puerta para el reencuentro de los jueces con la justicia y la seriedad.
Confieso que nunca leí una sentencia judicial completa. Dejé a medio camino la del caso Uchuraccay que fue la primera. No me hacía falta leer sentencias, nunca fui parte de un juicio. Al terminar la atenta lectura de la sentencia a Fujimori quedé gratamente impresionado y sentí que había recibido una lección sobre el sistema político peruano por fuera y por dentro. Todo el lado oscuro y escondido quedó iluminado y hasta transparente. Luego, pensé que debería compartir estas ideas. El texto que sigue es una reflexión sobre el Perú, a partir de esta experiencia.
I. 20 años de violencia y tres hechos muy importantes
Los 20 años de violencia política peruana entre 1980 y 2,000 produjeron tres hechos decisivos para la historia de Perú: el asesinato de 8 periodistas, en 1983, en la comunidad de Uchuraccay, situada en las tierras altas de la provincia ayacuchana de Huanta, como un punto de partida para empezar a no confundir Lima con el Perú; el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en 2003, como un espejo escondido del país; y ahora, el 7 de Abril de 2009, hace sólo quince días, la sentencia de Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por ser ¨autor mediato de la comisión de delitos de homicidio calificado y asesinato, de secuestro agravado, ¨delitos de homicidio calificado y lesiones graves [que] constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional¨ que debe ser considerado como un documento clave para arreglar cuentas con el pasado y afirmar el espacio democrático en serio que Perú necesita.
I. 1 El caso de Uchuraccay
Fue necesario que murieran asesinados ocho periodistas de Lima (Jorge Sedano, de La República, Eduardo de la Piniela, y Pedro Sánchez de El Diario de Marka. Willy Retto y Jorge Mendívil de El Observador, Amador García de Oiga, Félix Gavilán y Octavio infante, periodistas ayacuchanos, y el guía Juan Argumedo) para que los medios de comunicación empezaran a interesarse por la violencia política en los Andes, con las anónimas víctimas indígenas de siempre. Las masacres previas de indígenas y campesinos quechuas no conmovieron a la clase política nacional y a sus periodistas porque desde tiempos de los primeros españoles que llegaron en el siglo XVI, las vidas de los antiguos peruanos no era tomadas en cuenta. La tesis oficial sobre el asesinato de los ocho periodistas fue planteada desde el día mismo en que los cadáveres fueron desenterrados de sus tumbas. El General Noel, jefe de la base militar en Ayacucho, dijo simplemente: los responsables han sido los “indios salvajes”. Ese era el lenguaje del siglo XVI, reaparecido en 1983 como si los siglos pasasen en vano.
Los periodistas que fueron tras las huellas de sus colegas muertos recogieron testimonios de primera mano, ataron algunos cabos sueltos, plantearon serias dudas y muchas preguntas. ¿Qué tan grave fue lo que los periodistas vieron en Uchuraccay para que pagasen con sus vidas por el atrevimiento de ir a buscar una verdad escondida? Habían ido a conocer de cerca lo ocurrido en un enfrentamiento en Huaychao donde un grupo de senderistas habría sido asesinado por los campesinos de Uchuraccay. Fernando Belaúnde Terry, presidente de la República en ese momento, se contentó con decir que se trataba de un gesto ¨gallardo¨ en vez de ordenar una investigación judicial. El 26 de enero de 1983, el día del asesinato y entierro de los periodistas y su guía, estaban en Uchuraccay soldados del ejército, marinos, policías y por lo menos un oficial de la fuerza aérea. Los oficiales dijeron a los comuneros de Uchuraccay: “maten” a quienes vienen por tierra, porque los amigos, vienen por el aire. Curiosamente ese día todo ese personal de las Fuerzas Armadas y Policiales declaró no haber oído ni visto nada. En consecuencia, los comuneros de Uchuraccay habrían matado a los periodistas sin que nadie se diera cuenta. Desde la Antropología y desde mi experiencia vital en los Andes me opuse, entonces, a aceptar que los quechuas de Uchuraccay enterraran a las victimas por pares, desnudos, boca abajo, en tumbas cavadas a solo veinte o treinta centímetros de la superficie. Nunca en los Andes peruanos, bolivianos o ecuatorianos se entierra así a las personas. La protesta en Lima por ese crimen fue creciendo, al mismo tiempo que las dudas sobre la responsabilidad atribuida tan fácil y rápidamente a los comuneros de Uchuraccay. Por la desconfianza y sospecha de una posible responsabilidad de las fuerzas armadas, se dijo entonces que la democracia peruana estaba en peligro y que lo más conveniente sería que una Comisión al margen del poder judicial estudiase el caso. El presidente Fernando Belaunde, deseoso de ¨defender la democracia peruana en peligro¨, encargó a Mario Vargas Llosa la dirección de una Comisión investigadora. El renombrado escritor no tenía experiencia alguna en los Andes, no hablaba quechua, como tampoco ninguno de sus más cercanos colaboradores en la realización de ese encargo. El equipo estuvo pocas horas en Uchuraccay y regresó rápidamente a Ayacucho temiendo una probable agresión de parte de los comuneros. Ninguno de los miembros de la Comisión preguntó nada a los oficiales que estuvieron ese día en Uchuraccay. Hubiera sido muy importante que el Teniente Bravo de la Fuerza Aérea contase quién le ordenó recomendar a los comuneros de Uchuraccay que maten a los enemigos que llegaban por tierra. La Comisión publicó un informe oficial atribuyendo la responsabilidad a los comuneros de Uchuraccay, liberando de toda culpa a las Fuerzas Armadas, atribuyendo el lamentable suceso a un malentendido cultural pues los llamados indios habrían confundido a los periodistas con los senderistas, y a las cámaras fotográficas con metralletas, y concluyendo que nadie era individualmente responsable de ese crimen pero sí todos los peruanos. El fundamento académico del supuesto malentendido cultural fue la contribución de los antropólogos asistentes de la Comisión quienes sostuvieron que el Perú estaba dividido entre una parte occidental moderna y otra, tradicional indígena, como fragmentos separados de un país sin diálogo interior. En el dualismo de la antropología de esos años tenía aceptación la metáfora del país como un archipiélago de islas, sugerida por José Matos Mar. Era sólo una impresión fotográfica que no correspondía a lo que estaba ocurriendo con los puentes económicos, políticos y culturales que se construían desde la segunda mitad del siglo XIX . Las fotos tomadas por Willy Reto, uno de los periodistas muertos, publicadas después de la publicación del informe oficial de la Comisión, demostraron que los periodistas no habían sido atacados de lejos sino que hablaron directa y personalmente con los periodistas. El ayacuchano Jorge Mendívil y el guía Juan Argumedo hablaban muy bien el quechua, y explicaron, seguramente, que los periodistas no eran senderistas. No eran tontos los comuneros de Uchuraccay para confundir una metralleta con una cámara fotográfica o a un senderista joven de esos que conocían muy bien los Andes y eran capaces de caminar jornadas enteras, con Jorge Sedano, reportero gráfico del diario La República, muy gordo y que llegó a Uchuraccay en una mula alquilada porque no podía caminar.
Cumplido el encargo de la Comisión Oficial, parecía que la democracia del país había sido “salvada”, y que todo volvía al viejo cauce del pasado pero no fue así. Los responsables del orden colonial mantuvieron sus mismas convicciones, como si no hubiese pasado nada. Felizmente, la vida de los indígenas y campesinos quechuas y asháninkas de los Andes y de la Amazonía -grandes victimas de la violencia política entre SL, el MRTA y las Fuerzas Armadas- fue tomada en cuenta por un pequeño fragmento del país, que poco a poco fue creciendo en la medida en que la violencia multiplicaba el numero de victimas hasta llegar a la suma enorme de 69,280, a fines del 2,000 como sostuvo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, en su informe final. La vida y la democracia, entendida como un modo de ejercer derechos ciudadanos, humanos, e indígenas, y como un modo de gobernar respetando los derechos de los otros, surgieron como dos nuevos valores en la política peruana a pesar de las Fuerzas Armadas y Policiales, de gran parte de la clase política y de la cúpula de la iglesia católica. No es nada gratuito que la Asociación para la Defensa y Promoción de los derechos humanos, APRODEH, haya sido fundada precisamente en 1983. Hoy, en 2009, la Coordinadora Nacional de Organización de Defensa de los Derechos Humanos agrupa a más de cincuenta organizaciones en todo el país. Tampoco es gratuito que a pesar de todos los cambios en los últimos 30 años, la clase política, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la iglesia y gran parte de la clase empresarial del país sigan convencidos de que la defensa de los derechos humanos y la democracia como valores sea simplemente una cuestión de comunistas que tratan de engañar al país.
Lo que acabo de decir es lamentable para la frágil democracia peruana en la medida en que la defensa de los derechos humanos tiene una historia muy breve -solo 25 anos- mientras que la República como sistema formalmente democrático tiene 188 años, y el Perú de valores formalmente cristianos tiene 474 años, si tomamos en cuenta, como punto de partida, la fundación española de Lima en 1535. Los gestos y propuestas de Bartolomé de las Casas en el siglo XVI –en frontal oposición al cura Juana Gines de Sepúlveda, quien escribió en 1555 el libro “Tratado de las justas causas en la guerra contra los indios”- y los escasos momentos de relativa paz democrática en el país, como entre 1945 y 1948, son solo excepciones dentro de un orden colonial contrario al derecho de la vida y la democracia. El día en que no haya más una organización de defensa de derechos humanos, el Perú habrá cerrado un tristísimo capítulo de su historia.

I.2. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 2001-2003, como un espejo del Perú escondido.
Luego de la renuncia de la presidencia de la república por fax desde Japón de Alberto Fujimori Fujimori, el gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua entre 2000 y 2001, tuvo el acierto de nombrar una Comisión para tratar de ofrecer una explicación de la feroz violencia política que sufrió Perú entre 1980 y 2,000. Luego de algo más de dos años de trabajo, la publicación de su ¨Informe Final¨ en ocho volúmenes y más de 3,000 páginas fue un acontecimiento intelectual, académico, y político que es una fuente de primer orden para entender el Perú . A partir de las declaraciones de los familiares de las víctimas de ambos bandos de, los actores vivos libres o encarcelados, de las visitas e investigaciones en gran parte de los casos conocidos, de los libros y artículos producidos en el mundo académico, el grupo de Comisionados entregó sus reflexiones para entender lo ocurrido y sus recomendaciones para que parte de los responsables de esa feroz violencia política sean juzgados en el poder judicial y para que los familiares de las víctimas reciban una reparación por todo lo sufrido.
Por primera vez en la historia peruana, los indígenas y campesinos de los Andes, la Amazonía, la Costa y los llamados ¨conos¨ de Lima dieron un testimonio público de los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, el MRTA y las Fuerzas Armadas y Policiales. El hecho de recordar y contar, como parte del duelo personal y colectivo, y como un recurso para que no vuelva ocurrir otra tragedia igual, removió las estructuras profundas del inconsciente individual y colectivo de los peruanos herederos y beneficiarios del poder colonial, e hizo aparecer sobre la superficie los viejos odios heredados del pasado y esa peruanísima tradición de no reconocer errores, de atribuir la responsabilidad de los acontecimientos siempre a los otros. Desde las fuerzas armadas y policiales, desde los partidos directamente comprometidos en los acontecimientos, desde los sectores conservadores de la iglesia católica, surgieron muchas voces para oponerse al trabajo de la Comisión, exigir silencio, reclamar que nadie cuente públicamente lo que le tocó sufrir, con el pretexto de no abrir más las heridas, de no enfrentar más a los peruanos, de borrar el pasado sin juicio alguno y pensar sólo en el futuro.
La Comisión atribuyó a Sendero Luminoso la responsabilidad en el 54 % de las violaciones de derechos humanos y la segunda responsabilidad a las Fuerzas Armadas y Policiales, sin embargo fue acusada de comunista y de favorecer a Sendero y al MRTA. Parecía un enorme contrasentido. La realidad de los hechos no fue tomada en cuenta y los jefes de las Fuerzas Armadas y Policiales, de los partidos de la derecha y la cúpula de la iglesia católica culparon a la Comisión de haber hecho un pésimo favor al llamado ¨terrorismo¨ y afirmaron sin rubor alguno que la democracia fue defendida por encargo de los presidentes y que por eso las fuerzas armadas y policiales merecen el reconocimiento del país. Esa es hoy, la posición firme del presidente Alan García y de su vicepresidente, el almirante Giampietri No hay, en consecuencia, desde las diferentes instancias del poder ninguna voluntad de autocrítica. Pero el Informe Final de la CVR está ahí con miles de voces que recuerdan, cuentan, reclaman, exigen, ser tomados en cuenta como ciudadanos con iguales derechos, como personas que merecen respeto.
La exposición fotográfica titulada Yuyanapaq -para recordar, en quechua- es un testimonio extraordinario. La fuerza de sus imágenes, en los crímenes cometidos por ambos bandos, es suficientemente grande como para que los espectadores desprendan una sencilla conclusión: que lo ocurrido en ese nefasto período de violencia política no vuelva a ocurrir. Hace unas pocas semanas, el gobierno alemán ofreció al gobierno peruano una ayuda de dos millones de euros para construir un Museo de la Memoria que perennice la exposición Yuyanapaq. Los adversarios de la Comisión de la verdad se opusieron rotundamente y el presidente Alan García rechazó la oferta diciendo que no hacía falta. A ellos y ellas les gustaría un Museo de la memoria que sólo tenga las imágenes de las ¨víctimas del terrorismo¨; es decir sólo los oficiales, soldados y civiles ¨caídos luchando por defender la democracia¨. Las otras víctimas, sus víctimas, no cuentan, merecerían sólo el olvido. Esta división entre peruanos y no peruanos, entre mis victimas y tus víctimas, mis muertos y tus muertos, mis presos y tus presos, es la expresión inequívoca de un terrible problema en el país. ¿Cuántas personas hay en Perú que consideramos a las víctimas de un lado y, del otro, como nuestras víctimas, que nos negamos a aceptar la división entre peruanos y no peruanos, entre mis victimas y tus víctimas, mis muertos y tus muertos, mis presos y tus presos . Como las tres cuartas partes de las 69.280íctimas de la violencia política entre 1980 y 2000 son indígenas quechuas y amazónicas, no cuentan, no son seres humanos, no son personas, ni cristianos, ni prójimos. Esa era la lógica de los españoles en el siglo XVI. Este es uno de los grandes dramas del Perú actual. Aquellas peruanas y peruanos que están convencidos de que hay que defender la democracia, su democracia, por todos los medios, lícitos e ilícitos, secuestrando, torturando, violando, matando, una y veinte veces hasta que los cadáveres se dividan en mil pedazos, no parecen tener problema alguno en llamarse cristianos, católicos, apostólicos, limeños y demócratas. Muchos de ellas y ellos son cardenales y obispos. ¿Qué ocurre en Perú para que esos hombres y mujeres sean elegidos y gobiernen?
La colonial hipocresía y tremenda contradicción entre el decir y hacer de quienes creen que se puede defender la democracia secuestrando, torturando, violando, matando, rematando una y veinte veces, aparece más desnuda aún si nos detenemos un momento en el tema de la reconciliación. Probablemente el cardenal Juan Luis Cipriani, primado de la iglesia peruana, pidió al presidente Alejandro Toledo que la Comisión además de la verdad busque la reconciliación e incremente el número de sus miembros con más curas para que todas las tendencias de la iglesia estén representadas dentro de la Comisión de la Verdad que, luego se llamó de la verdad y reconciliación. La reconciliación sigue a la justicia y esta supone la verdad. ¿De qué reconciliación se puede hablar si el poder judicial no sentencia, no castiga a los culpables y no precisa las reparaciones y compensaciones debidas por todo lo sufrido y perdido? La Comisión de la verdad cumplió parcialmente con el encargo recibido, trató de llegar a la verdad pero no podía administrar justicia y tampoco perdonar. La reconciliación sigue siendo un buen deseo. Se reconcilian las partes de un conflicto luego de un proceso en el que se establecen las responsabilidades, se aceptan esas responsabilidades y sus sanciones debidas, se perdonan mutuamente y, luego, se prometen no cometer las mismas faltas. Si se habla de reconciliación, luego de los 20 años de violencia política, se trataría de un entendimiento-perdón entre las Fuerzas Armadas y Policiales con los senderistas y emerretistas, entre los victimarios y las víctimas sobrevivientes o los familiares de las víctimas. Resulta evidente que el cristianismo y el catolicismo de los presidentes de la república, de oficiales militares, cardenales, ministros, congresistas, abogados y muchos otros personajes de la clase política, son sólo parciales y no toleran la reconciliación con los enemigos. Pero sí tienen el pregón vacío de la reconciliación con voces de registros altisonantes desde el púlpito de la catedral, oficinas de gobierno, el congreso y los medios de comunicación. No sabemos si, en la otra orilla, los senderistas y emerretistas piden alguna forma de reconciliación, sí sabemos por los medios de prensa y por la propia CVR, que sus líderes condenados a cadena perpetua o 30 años de cárcel han pedido disculpas por lo que hicieron. Se trata de un progreso, pequeño, pero progreso al fin.
Me parece que el informe de la CVR, a pesar de sus errores y vacíos, es parte del presente y del futuro mientras que sus grandes detractores lo son del presente y del pasado. Confío en el horizonte democrático en serio que las peruanas y peruanos nos debemos.

II. Sentencia de Fujimori
Cito a continuación las partes más importantes de la sentencia:
¨CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Fecha: 7 abril 2009, SALA PENAL ESPECIAL. Exp. Nº A.V. 19-200, Vocales Supremos : César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo. Sentencia : 7 abril de 2009. Acusado: Alberto Fujimori Fujimori: Delitos : Asesinato, lesiones y secuestro.

823°. CONDENANDO a ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o KENYA FUJIMORI, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4°, como autor mediato de la comisión de los delitos de: I. Homicidio calificado – asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía, en agravio de: 1. Luis Antonio León Borja.2. Luis Alberto Díaz Ascovilca.3. Alejandro Rosales Alejandro.4. Máximo León León.5. Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre.6. Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco.7. Filomeno León León.8. Lucio Quispe Huanaco.9. Tito Ricardo Ramírez Alberto.10. Teobaldo Ríos Lira.11. Manuel Isaías Ríos Pérez.12. Nelly María Rubina Arquiñigo.13. Odar Mender Sifuentes Núñez.14. Benedicta Yanque Churo15. Javier Manuel Ríos Rojas. (CASO BARRIOS ALTOS).16. Juan Gabriel Mariño Figueroa.17. Bertila Lozano Torres.18. Dora Oyague Fierro.19. Robert Teodoro Espinoza.20. Marcelino Rosales Cárdenas.21. Felipe Flores Chipana.22. Luis Enrique Ortiz Perea.23. Richard Armando Amaro Cóndor.24. Heráclides Pablo Meza.25. Hugo Muñoz Sánchez. (CASO LA CANTUTA). II. Lesiones graves, en agravio de:1. Natividad Condorcahuana Chicaña.2. Felipe León León.3. Tomás Livias Ortega.4. Alfonso Rodas Alvitres. (CASO BARRIOS ALTOS).Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal.III. Secuestro agravado, bajo la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio de: 1. Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen.2. Samuel Edward Dyer Ampudia. (CASO SÓTANOS SIE).

824°. En tal virtud, le IMPUSIERON VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que computada desde el siete de noviembre de dos mil cinco en que fue privado de su libertad en Chile atendiendo a la solicitud de extradición hasta el dieciocho de junio de dos mil seis en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el veintidós de septiembre de dos mil siete en que fue puesto a disposición de este Tribunal vencerá el diez de febrero de dos mil treinta y dos¨. (Parte cuarta, Decisión p. 705). (Las mayúsculas y letras cursivas de estas y próximas citas son de la propia Sentencia).
La condena establece también medidas a favor de los agraviados por los daños inmateriales, ¨de indemnización por daño extra patrimonial o inmaterial¨. Los tres ¨montos dinerarios¨ serán abonados por el encausado Alberto Fujimori Fujimori a título personal. Estos montos, a su vez, devengarán el interés legal desde la fecha en que se produjo el daño.
Doscientas cuarenta y siete (247) veces aparece en el documento de la sentencia la pregunta ¨ ¿está probado que…?¨ y 247 veces la respuesta es ¨si lo está¨. Presento dos ejemplos:
1º. ¿Está probado que el acusado, nacido en el Perú, de padres japoneses, tiene doble nacionalidad: peruana y japonesa, y que en nuestro país su nombre es ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI y en Japón es Kenya Fujimori? Si lo está. (Cuestiones de hecho, p. I).

40º. ¿Está probado que el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, como jefe
supremo de las FFAA y PNP, ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las Fuerzas del Orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo? Si lo está.
(Cuestiones de hecho, p. VII).

Las 247 preguntas han sido respondidas luego de una exhaustiva presentación de las versiones diversas, pruebas, hechos, evidencias e indicios razonables debidamente contrastados sobre cada uno de los puntos de la acusación fiscal. Se trata de una sentencia sustentada con un rigor notable, con un amplio manejo de la doctrina de los temas tratados por los especialistas más importantes del mundo y de los casos internacionales más importantes como los juicios de guerra en Alemania, o Israel, por ejemplo. Es un documento valiosísimo no solo para el derecho peruano y para la jurisprudencia mundial sobre los crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad y la autoría mediata, sino también para el estudio y entendimiento de la realidad peruana. Me parece que será una fuente de primer orden para saber cómo dentro de un sistema político formalmente de derecho y democrático el dictador Alberto Fujimori Fujimori y sus dos hombres claves, el ex capitán Vladimiro Montesinos y el general Hermosa Ríos, jefe máximo del ejército durante ocho años, fueron capaces de tejer una red extraordinaria para delinquir, clandestina e impune, para ejercer el poder de modo absoluto, sin tener en cuenta la Constitución del país.
En el día a día de la historia peruana de esos diez años de gobierno fujimorista, la prensa de investigación fue una fuente de primer orden para develar parte de esa red clandestina. Sin el trabajo de periodistas como Gustavo Gorriti, Edmundo Cruz, Ricardo Uceda y Carlos Páucar , entre los mas destacados, y el apoyo firme y constante del diario La República y su director Gustavo Mohme Seminario, también de la revista Caretas, tal vez no habría sido posible tener los grandes hilos para entender el complejo y vasto tejido del poder clandestino debajo del poder formal. Con los materiales recogidos por dichos periodistas y la información producida en el largo y sereno juicio a Fujimori, el buen trabajo de los fiscales José Antonio Peláez y Avellino Guillén y los abogados de la parte civil, Ronald Gamarra, Gloria Cano y Carlos Rivera, los jueces Vocales Supremos César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe Trujillo pudieron reconstruir los acontecimientos en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y en el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
En todas las disciplinas del conocimiento científico, las pruebas y los hechos que fundan las hipótesis, los hallazgos, las proposiciones finales, son indispensables. En el caso particular de las ciencias sociales, la recomendación del historiador francés Fernand Braudel a sus alumnos: “una afirmación, un documento, una prueba”, que oí al maestro Pierre Vilar en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Paris, fue una herramienta decisiva. Antes de afirmar algo hay que tener las pruebas de lo que decimos. No se trata de dar opiniones en el aire. A quienes trabajamos en las ciencias sociales nos corresponde el deber de buscar en la realidad los hechos que sostienen, fundan o prueban lo que decimos. También los indicios son importantes para nosotros siempre y cuando haya razones suficientes para considerar que deben ser tomados en cuenta. Antes de la sentencia a Fujimori cualquiera de las afirmaciones sobre las partes de esa red para delinquir tenían el carácter de hipótesis, conjeturas o simples opiniones enteramente negadas y ocultadas por Fujimori, Montesinos, Hermoza Moya y los militares, empresarios, congresistas, periodistas, intelectuales, dirigentes políticos, clientes y amigos asociados a ese poder publico y clandestino. Después de la sentencia se trata de hechos debidamente probados. La red clandestina de un omnímodo poder existió y ahora parece enteramente transparente. Por eso sostengo que se trata de un documento esencial para entender el Perú.

III. Algunos temas centrales en la Sentencia
En una primera aproximación al estudio de la sentencia de Fujimori, quiero detenerme en tres puntos, Fujimori como jefe supremo de las fuerzas armadas y autor mediato, el verbo ¨demoler¨ compartido por Fujimori y Abimael Guzmán, la nociones de crimen de Estado, crimen contra la humanidad , y la “guerra sucia”.
III.1. Fujimori fue el jefe supremo de las fuerzas armadas y el responsable principal de los crímenes como autor mediato.
40º. ¿Está probado que el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, como jefe
supremo de las FFAA y PNP, ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las Fuerzas del Orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo? Si lo está.
(Cuestiones de hecho, p. VII).

734°. ALCANCE DEL APARTAMIENTO DEL DERECHO. SUPUESTOS. Como advierte ROXIN, en estos casos, “el aparato funciona como una totalidad por fuera del orden jurídico”1096. Es decir, produce sus efectos ilícitos como una integridad que actúa completamente al margen del Derecho. En su análisis sobre los casos Eichmann y Staschynski, él detectó que el poder estatal operaba al margen del Derecho ya que las propias garantías que éste regulaba no tenían efectividad. Sin embargo, ello no implicaba, necesariamente, que los detentadores de dicho poder no estuvieran finalmente regidos por el mismo orden jurídico, sobretodo en su dimensión internacional. Tercera parte, Capítulo II Autoría mediata, p. 640).
735°. AUTORÍA MEDIATA Y CRIMINALIDAD ESTATAL. Por las características y contenidos de la imputación en el caso sub judice, es relevante evaluar las expresiones y manifestaciones concretas de la autoría mediata que se gesta y opera como criminalidad estatal. 1. Al respecto, cabe destacar que ROXIN considera a la criminalidad de los aparatos de poder organizado estatal, como el “prototipo de criminalidad Organizada¨. Es más, como refiere Zaffaroni la criminología y la criminalística muestran que “el crimen de estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia”, pp. 641-642.
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2. Para graficar esta modalidad fungible, ROXIN aludía a los argumentos planteados por la defensa de Eichmann ante el Tribunal de Jerusalén. Según él, carecía de relevancia que el funcionario nazi no cumpliera con la orden de ejecución de los judíos, ya que ésta, aún en tal supuesto, se hubiera llevado a cabo. De esta manera quedaba en evidencia que el delito no era obra de una persona individual, sino del propio Estado1121. En la jurisprudencia nacional también se ha aludido a esta posición de fungibilidad negativa. Efectivamente, la Sala Penal Nacional en su sentencia al líder senderista Abimael Guzmán Reynoso, sostuvo: “el hombre de atrás no dominaba la voluntad del ejecutor de modo directo, sino sólo indirecto a través del aparato criminal”. Ello, en función de la concurrencia de dos factores interdependientes: primero por lo decisivo de la conducción del aparato; y, luego, por la vinculación, la pertenencia y subordinación por parte del ejecutor a la jerarquía de este aparato¨ p.646,
En sus diez años de gobierno Alberto Fujimori apareció como el hombre fuerte, como el jefe supremo de las fuerzas armadas, como un valiente conductor en operaciones arriesgadas. Estuvo en la frontera con Ecuador en 1991 como un jefe de campaña, parecía un actor policial justiciero que desde un patrullero trataba de encontrar al fugitivo Vladimiro Montesinos, y era el gran jefe del comando de liberación de los rehenes en la casa del embajador de Japón en Lima, subiendo una escalera, feliz y eufórico, entre los cadáveres de los emerretistas. Se le vio de justiciero otra vez en el departamento de la esposa de Vladimiro Montesinos, llevándose maletas de videos con la aparente protección de un fiscal que no era fiscal. Fujimori aparecía siempre seguro, era autoritario, mandón, altanero, soberbio. En su juicio, quiso aparecer como un ángel. Dijo que no sabía nada de nada, que nunca dio una orden porque no fue jefe de las Fuerzas Armadas, que fue sólo un presidente preocupado por “salvar al país”. De dos cosas una: era un tonto de atar o un actor que simulaba ser lo que le convenía. Los jueces no le creyeron. Reunieron todas las evidencias e indicios y concluyeron que sí actuó como jefe supremo.
Su abogado defensor pedía, exigía órdenes escritas de Fujimori y como no existían alegó su inocencia. La fiscalía y la parte civil dijeron simplemente: no eran necesarias las órdenes escritas, Fujimori tenía el control de todo. Los jueces sumaron evidencias e indicios, buscaron las fuentes de derecho sobre autoría mediata y observaron de cerca la documentación sobre los casos parecidos más importantes en el mundo, y también aquí. La condena a perpetuidad a Abimael Guzmán se basó, precisamente, en su autoría mediata. Analizaron a fondo el asunto y llegaron a la conclusión definitiva: Fujimori fue el autor mediato y por eso debía ser condenado.
III.2 Crímenes de Estado, crimen contra la humanidad y guerra sucia
134º. ¿Está probado que la operación de Barrios Altos fue un crimen de Estado?
Si lo está
156º. ¿Está probado que el asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta también responde a un patrón de crimen de Estado, de ejecuciones extrajudiciales? Si lo está.

164º. ¿Está probado que la privación de libertad del agraviado Gustavo Gorriti Ellenbogen y otros ciudadanos contó con la disposición del acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI en su condición de jefe de Estado y jefe supremo de las FFAA y PNP? Si lo está.

179º. ¿Está probado que el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI autorizó la
privación de libertad del agraviado Dyer Ampudia? Si lo está

747°. Cabe anotar, por lo demás, que en la Criminología y Criminalística actuales no hay incompatibilidad material entre las categorías de Estado Criminal y Guerra Sucia llevada a cabo por organizaciones estatales como acotó la defensa en su alegato oral. Es más, esta ha pretendido construir una falacia en torno a las opciones expuestas por FARALDO CABANA cuya clasificación al respecto es una mera opción criminológica que no es ni la única ni la predominante entre los enfoques contemporáneos de la materia. Incluso se puede percibir una tergiversación de la opinión de dicha autora por la defensa del acusado, ya que en ningún apartado de su aludida monografía la citada jurista afirma que los Estados Criminales utilicen todo el aparato estatal para actos de exterminio de personas. Por el contrario, hay consenso en reconocer que ambas manifestaciones criminales y categorías criminológicas parten de una misma matriz etiológica: la Criminalidad de Estado. Esto es, un proceder criminal generado, ejecutado, avalado, tolerado o justificado por las más altas instancias del poder estatal. Son, pues, parte de formas de criminalidad que, como entiende HASSEMER, se materializan sólo con apoyo¨. (p. 655). 747,655-656.
El Estado es una categoría muy compleja y difícil. Se supone que cada una de las personas que vivimos en el territorio peruano somos parte la nación y que el Estado nos representa. Esta es una especie de declaración de principios del Estado-nación, un ideal por alcanzar en la formulación del sistema político de repúblicas democráticas derivadas de la revolución francesa de 1789. En la realidad, en el juego de las representaciones, los que se reclaman como representantes olvidan a sus representados y defienden sólo sus intereses individuales, de grupo o de clase.
De ese modo sería un contrasentido que quienes representan a todos las personas nacidas en el Perú, las encarcelen, torturen, violen, maten y rematen una y veinte veces. Pero es precisamente eso lo que hicieron Fujimori, Montesinos, Hermoza y sus aliados. Un crimen de Estado se comete por orden de quienes tienen puestos de comando en el Estado, desde el privilegio que tienen de disponer de hombres entrenados profesionalmente para matar, de armas, dinero, vehículos y la protección oficial debida. Al margen de la constitución y las leyes que excluyen la pena de muerte, salvo casos de traición a la patria, Fujimori, Montesinos y Hermosa decidieron que la muerte de los llamados terroristas sería una solución. No eran ¨terroristas¨ los vecinos que hacían una ¨pollada¨ o fiesta de solidaridad y reciprocidad, en Barrios Altos, tampoco el profesor y los nueve estudiantes de la Cantuta, como lo ha señalado sin ambigüedad alguna la sentencia:
827°. Atento a lo definido en el párrafo 764° de esta sentencia, el Tribunal HACE CONSTAR, terminantemente, que los veintinueve agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta –cuyos nombres se indican en el párrafo 783°, I y II, del fallo– no estaban vinculados a las acciones terroristas del PCP–SL ni integraban esa organización criminal. (p. 707).
Tampoco eran senderistas o terroristas Javier Diez Canseco y Yehude Simon, éste último, primer ministro actual del segundo gobierno de Alan García Pérez:
183º. ¿Está probada la operación frustrada de eliminación física de los ciudadanos Yehude Simon Munaro y Javier Diez Canseco Cisneros por parte del Destacamento Especial de Inteligencia Colina? Si lo está.

Fujimori, Montesinos y Hermoza sabían que las 29 personas de Barrios Altos y la Cantuta y que Diez Canseco y Simon no eran terroristas ni senderistas y a pesar de eso ordenaron su muerte. Felizmente, Diez Canseco y Simon se salvaron.

De modo general, los crímenes de Estado quedan impunes porque quienes lo ordenan tienen un gran poder y quienes los ejecutan cuentan con la protección oficial. Ante la acumulación de de evidencias e indicios en los casos de la Barrios Altos y La Cantuta, los jueces, vocales supremos que acaban de condenar a Fujimori, nos ofrecen un caso jurídico excepcional porque es la primera vez en la historia del país que se condena a un ex presidente de la república, acusándolo de ¨delitos de homicidio calificado y lesiones graves [que] constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional¨.

Un crimen de estado es un crimen contra la humanidad, es un delito de lesa humanidad. La sentencia servirá como un precedente para garantizar los derechos humanos, ciudadanos, e indígenas de las peruanas y peruanos, y también de otros seres humanos en otros países. Se trata de un excelente ejemplo a seguir.

Cuando se habla de una guerra sucia¨, se supone que hay una ¨guerra limpia¨. Limpio sería el enfrentamiento franco entre adversarios enemigos que aceptan una convención común de respeto a los heridos y prisioneros, por ejemplo. Los Jueces en la sentencia a Fujimori sostienen que los crímenes de Estado corresponden a lo que se llama ¨guerra sucia¨ en el preciso sentido de no respeto a las leyes y convenciones de la propia guerra.

III.3. Fujimori-Guzmán y su común voluntad de aniquilar,
33º. ¿Está probado que el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, como jefe supremo de las FFAA y PNP, en reiteradas ocasiones y ante diversos auditorios, manifestó su decisión y “orden” de “aniquilar al terrorismo” antes de que concluya su primer periodo de gobierno el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco? Si lo está

El verbo aniquilar quiere decir liquidar, destruir al enemigo, no dejar nada de él, para derrotarlo plena y definitivamente. No es por azar que Abimael Guzmán pretendió destruir, demoler el estado burgués, aniquilar al enemigo para instalar en Perú una ¨República popular¨ como un paso intermedio antes de llegar a una sociedad comunista. Muchas son las similitudes entre ambos y, naturalmente, las diferencias. Guzmán era el dirigente-dios de una ¨organización marxista leninista, maoísta, pensamiento de Mao Tsé Tung y pensamiento Gonzalo¨ que quería destruir la sociedad y el estado semifeudal del Perú para construir una sociedad comunista. Fujimori había sido elegido presidente de la República para defender la Constitución, representar a todos los peruanos y peruanas en el primer puesto de comando en el Estado. Cada uno quiso hacer lo que quería con el Perú, al margen de las leyes y la Constitución. El capitalismo neoliberal y salvaje le pareció a Fujimori el sistema ideal y para llevar a la práctica sus ideas dio un golpe de Estado y decidió seguir dos políticas: una formal e institucional de acuerdo a la constitución que dio a su medida y otra, informal, ¨sucia¨, con la banda para delinquir que formó con Montesinos y Hermosa Ríos. Ambos compitieron entre sí para saber quién era peor que quién. Hicieron lo mismo tratando de golpear más y de asustar al otro. Los derechos humanos no eran tomados en cuenta por ambos bandos. Su guerra no tenía nada de ¨limpia¨. Era una guerra sin periodistas, sin cruz roja, sin heridos, sin prisioneros, desde que comenzó, diez años antes de que Fujimori fuera elegido presidente de la república en 1990. Fujimori oyó seguramente los consejos de Montesinos y Hermoza para seguir haciendo lo mismo que antes. Pero habría una voluntad política de hacer lo mismo y mejor desde la presidencia misma de la república en pleno entendimiento con las Fuerzas Armadas y con todos los recursos disponibles.

IV. Fujimori, ¿salvador del Perú?
En el juicio Fujimori dijo que nunca dio una orden escrita ni oral para matar a nadie, que nunca supo de la existencia del Comando Colina, que no sabía nada de lo que Montesinos y Hermosa hacían, y que estaba convencido de que lo juzgaban para hacerle daño por haber ¨salvado al Perú¨. Este lenguaje religioso de salvación e infierno merece una atención especial. Fujimori se siente orgulloso de haber ¨salvado al Perú¨ de la crisis económica, de haber hecho una gran obra de infraestructura y de haber derrotado al ¨terrorismo¨. Me detendré en este último punto. El juicio a Fujimori no fue sobre si hundió o salvó al Perú, si hizo o no una gran obra, si derrotó o no al terrorismo. Lo extraditaron para responder por muchísimos delitos, entre ellos las masacres de Barrios Altos y la Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Dyer. Explicar la derrota de Sendero Luminoso tiene algo que ver con lo que la sentencia contiene. Me gustaría volver sobre él en otro texto. Por el momento, creo oportuno señalar que toda la feroz represión fujimorista entre 1990 y setiembre de 1992 contribuyó al crecimiento de Sendero Luminoso y a que Guzmán creyese que su guerra ya había llegado a la fase de equilibrio estratégico y que por eso estaba cerca de la victoria. La captura de Guzmán fue ajena al comando Fujimori-Montesinos-Hermoza y el acuerdo de paz propuesto por Montesinos y aceptado por Guzmán es, en mi opinión, el hecho decisivo para tratar de entender la derrota de Sendero. En otras palabras el principal responsable de la derrota de Sendero fue Abimael Guzmán y no Alberto Fujimori.
Para terminar me parecen pertinentes tres reflexiones más.
1. Es tan seria y contundente la argumentación de los jueces para condenar a Fujimori que su defensa en la próxima y última instancia de la Corte Suprema no podría conseguir declararlo inocente. Con un mínimo de prudencia, esa defensa podría pedir disminución de la pena y retirar el gravísimo cargo de secuestro agravado para de ese modo conseguir que el reo Fujimori pase menos años en la cárcel. Con ese fin los fujimoristas seguirán insistiendo en el supuesto cáncer de su líder, nunca diagnosticado médicamente, pero si esgrimido constantemente para generar una cristiana compasión, su edad avanzada y su condición de ex presidente ¨salvador de la patria¨. Ese chantaje afectivo no sirvió para impedir la severa condena a 25 años. Lo que podría buscar la defensa es anular el juicio que dio lugar a la sentencia por algún error procesal como suele ocurrir con gran frecuencia en el poder judicial. Aún ese camino parece muy difícil dada la seriedad y competencia de los jueces vocales supremos para haber conducido un juicio reconocido como correcto por las partes en conflicto.
2. Alberto Fujimori ya suma 31 años de condena . Una primera de 6, firme e inapelable por haber violado personalmente el domicilio de la esposa de Vladimiro Montesinos para llevarse las maletas con los videos que lo comprometían, bajo a la legalidad de un falso fiscal que él llevó al operativo. Después vendrán nuevos juicios más. El próximo tiene que ver con el regalo de 15 millones de dólares del tesoro público como una especie de indemnización de Vladimiro Montesinos por sus ¨servicios prestados al país¨, antes de huir a Venezuela. Habrá otros sobre más crímenes como los de Barrios Altos y La Cantuta, y, tal vez, sobre la venta de armas a las FARC de Colombia, las compras de aviones rusos y probables vínculos con el narcotráfico.
3. Quienes se sienten agradecidos con Alberto Fujimori comienzan a expresar su solidaridad con él. En primera línea, los empresarios que en sus diez años de gobierno hicieron grandes negocios y se volvieron más ricos de lo que ya eran. En segunda línea, los propietarios de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que hicieron fortuna igualmente y ascendieron a puestos de importancia. En tercera línea sus ex ministros y o funcionarios que obtuvieron igualmente muchos beneficios. En cuarta línea, los congresistas que sin Fujimori no serían lo que son ni estarían donde están. En quinta línea, las peruanas y peruanos, muy católicos ellas y ellos, que creen en la necesidad de la mano dura, del hombre fuerte, de la democracia como un asunto de débiles y blandengues, de los que creen que Fujimori, robó y tuvo excesos como todos, pero hizo obra, del garrote y la muerte para los que no piensan como ellos, los que siguen creyendo que es un error creer que los indios y cholos tienen derechos humanos. Finalmente, parte de los habitantes de comunidades andinas, amazónicas, costeñas, de los conos en Lima y las barriadas en ciudades grandes de provincias, que se sienten sinceramente agradecidos porque con Fujimori tuvieron una posta médica, un teléfono comunitario, una carretera que hacía tanta falta y un local escolar bonito, de material noble. La gratitud de los empresarios no se parece en nada a la de los comuneros de todas partes. Los primeros agradecen grandes favores para seguir siendo ricos o más ricos, Los últimos agradecen por haber recibido algunos bienes colectivos. El camino que separa a la gratitud de la complicidad será largo aún, pero la suma de gratitudes no cambiará la suerte del dictador vencido.


Referencias bibliográficas
Montoya Rodrigo
2004 Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación: un doloroso espejo del Perú. Publicado también el libro ¨Elogio de la Antropología¨, Instituto Nacional de Cultura, Cusco, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima.
1984 Otra pista para entender lo que pasó en Unchuraccay. Texto publicado en el Diario La República en el especial “Después de un año Uchuraccay es una herida abierta”….publicado el 21 de enero. Lima. El texto es también el capitulo 13 de mi libro ¨Elogio de la Antropología¨, Instituto Nacional de Cultura, Cusco, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima.
Vargas Llosa Mario,
1984 Informe de la Comisión Uchuraccay. Lima.